Las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición registraron este viernes en el Congreso una proposición de ley que reforma el Código Penal para eliminar el delito de sedición y englobarlo en otro enfocado a castigar a aquellos que atenten “contra la paz pública” y que incluye penas de cárcel de hasta cinco años.

Tras este anuncio, que hizo público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ERC celebró la derogación de este delito y aseguró que es “un paso adelante en la resolución del conflicto político”. El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, señaló que es “un paso muy importante” para “conseguir el fin de la represión”.

En este sentido, el líder de ERC, Oriol Junqueras, destacó que avanzar en la “desjudicialización siempre es positivo” porque aporta justicia “allí donde hay injusticia”. “Por ello, los republicanos celebramos la eliminación de la sedición y seguiremos trabajando la vía de la negociación política para alcanzar la amnistía y la autodeterminación”, aseguró en sus redes sociales.

“OTRO DELITO”

Por su parte, Junts no aplaudió la reforma del delito de sedición y cuestionó lo que esta puede suponer. El secretario general del partido, Jordi Turull, aseguró que esta reforma “no desjudicializa” porque lo sucedido el 1 de octubre de 2017 puede seguir siendo objeto de delito. “Convertimos el referéndum en otro delito y esto no tiene nuestro aplauso”, añadió.

Junts avisó de que la reforma del Código Penal del Gobierno introduce una modalidad agravada de desórdenes públicos que exige que el delito de desórdenes públicos sea cometido por una multitud cuyas características sean “idóneas” para afectar gravemente el orden, entendido como el normal funcionamiento de las instituciones y servicios públicos.

Por mucho que se rebajen las penas, Junts afirmó que no pueden celebrar la derogación del delito de sedición porque puede conllevar que los hechos sucedidos el 1 de octubre de 2017 sean considerados como delito de desórdenes públicos agravados y este partido defendió que estos hechos no fueron ningún delito.

En este sentido, el expresidente catalán Carles Puigdemont avisó de que asumir que el referéndum del 1-O fue un “desorden público agravado” en vez de “sedición” no contribuye “a desjudicializar nada” y que esta reforma sirve para que aquello que su partido decía que “no era delito”, ahora se acepte “que lo sea”.

PRESUPUESTOS

Las distintas valoraciones sobre el delito de sedición de ERC y Junts pueden afectar a los presupuestos de Cataluña para 2023. El partido de Borràs todavía no sabe si apoyará o no las cuentas del Govern, y este hecho podría hacer que no aprobara las cuentas si el 1-O acaba siendo considerado un “delito”.

Sin embargo, esta propuesta del Ejecutivo de España puede abrir la puerta a que Aragonès negocie los presupuestos con el PSC. El líder de este partido, Salvador Illa, reiteró su apoyo a negociar los presupuestos, pero se quedó fuera de la primera ronda de contactos que el presidente catalán llevó a cabo para hablar de estas cuentas.