En concreto, el diputado de ERC Jordi Salvador denuncia que el desalojo, por parte del Gobierno municipal de Xavier García Albiol, se ejecutó “sin garantizar mecanismos suficientes de realojo de emergencia, vulnerando derechos humanos básicos y exponiendo a las personas afectadas a una situación de grave desamparo”.

El caso del B9, señala este diputado, no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo que criminaliza la pobreza y la migración, reproduce el racismo institucional y prioriza la competición por la derecha por encima de la protección social”.

Asimismo, pone el foco en el impacto de la Ley de Extranjería, que, según explica, “agrava la desprotección de las personas migrantes y dificulta el acceso a los servicios sociales”, y pregunta al Gobierno si piensa actuar “con medidas urgentes para garantizar los derechos fundamentales y evitar traslados a CIE tras desalojos forzosos”.

Asimismo, también pregunta al Ejecutivo si piensa impulsar vías de regularización de personas migrantes ante “el bloqueo” de la proposición de ley de regularización, y reclama, una vez más, “voluntad política para afrontar la grave crisis de la vivienda y el sinhogarismo desde una perspectiva de derechos”.