Según recoge el texto de la iniciativa presentada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso, se pedirá al Gobierno incluir a las víctimas del patronato en la Ley de Memoria Democrática, así como investigar a fondo la red de centros del Patronato franquista.

En concreto, la propuesta pide reconocerlas oficialmente en el ámbito jurídico y administrativo como víctimas de la represión ejercida durante la dictadura franquista y sus estructuras institucionales, estableciendo “mecanismos administrativos necesarios para garantizar la efectividad de este reconocimiento y el acceso a los derechos que se deriven del mismo”.

Además, otras peticiones son modificar la legislación, incluida la Ley de Memoria Democrática, para reconocerlas oficialmente como víctimas de la represión franquista y garantizar su derecho a una indemnización económica como medida de reparación, estableciendo un procedimiento específico para acceder a ella.

Del mismo modo, la iniciativa de los republicanos pide desarrollar una “estrategia específica de información y difusión” del reconocimiento y de los derechos de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, con especial atención a las mujeres mayores afectadas, mediante la colaboración con entidades de memoria, asociaciones, servicios sociales y organizaciones de mayores.

Igualmente, se propone elaborar, en el plazo máximo de un año, un “inventario exhaustivo” de toda la documentación relativa al Patronato de Protección, conservada tanto en instituciones privadas o religiosas como en archivos de cualquier administración y/o organismo público nacional o territorial, incluyendo registros, expedientes personales, ficheros y cualquier otro fondo documental vinculado al funcionamiento de la institución.

A todo esto, se suma la propuesta de elaborar un inventario completo de los centros vinculados a este organismo para reconstruir su funcionamiento represivo e identificar posibles fondos documentales y testimonios.

También la proposición de ERC pide crear un grupo de trabajo específico en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con expertos y representantes de las víctimas, para analizar y supervisar la documentación del patronato y emitir recomendaciones que impulsen su recuperación, preservación, difusión y el avance en las políticas de verdad, justicia y reparación.

Por último, la iniciativa pide al Gobierno garantizar la conservación, digitalización y acceso público a la documentación del Patronato de Protección a la Mujer, asegurando el derecho a la información de víctimas, investigadores y ciudadanía, e impulsar políticas de reconocimiento, reparación y memoria que incluyan investigación histórica, memorialización y apoyo a las mujeres represaliadas.