Según informó este viernes el grupo parlamentario, la iniciativa surge después de que Cerdán anunciara su dimisión este jueves tras hacerse público un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le implica en presuntos delitos de soborno, tráfico de influencias e integración en organización criminal.

El documento policial, de cerca de 500 páginas, incluye conversaciones telefónicas intervenidas donde se detallan instrucciones y gestiones atribuidas a Cerdán relacionadas con adjudicaciones del Ministerio vinculadas a Acciona en Murcia y pagos pendientes en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat.

La investigación del Instituto Armado señala que la trama se inició en 2015 en Navarra y se extendió a partir de 2018 a Madrid y otras zonas, coincidiendo con el mandato de José Luis Ábalos como ministro. El informe detalla presuntas comisiones que podrían superar los 600.000 euros.

INFLUENCIA EN EL MINISTERIO

La UCO recoge en su informe que Cerdán habría intentado colocar a dos personas vinculadas a Acciona en equipos del Ministerio cuando este pasó a ser dirigido por Óscar Puente, dentro de una supuesta estrategia para garantizar adjudicaciones de obras públicas.

Según las transcripciones policiales, el exasesor Koldo García le habría comunicado a Ábalos que "Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha", lo que refuerza las sospechas sobre la influencia de Cerdán en el ministerio.

El documento policial también incluye un diálogo donde García explica a Ábalos que esperaba obtener "dos obras de las que poder sacar rédito económico personal" mediante el apoyo de Cerdán para conseguir 450.000 euros.

REACCIONES POLÍTICAS

Tras conocerse estos hechos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una auditoría externa de la financiación del PSOE y una reestructuración de la Ejecutiva del partido, mientras que el actual ministro, Óscar Puente, solo lamentó en redes sociales la confianza depositada en Cerdán.

La proposición no de ley presentada por ERC insta al Gobierno a iniciar desde la Intervención General de la Administración del Estado una auditoría extraordinaria del Ministerio durante el periodo 2018-2024, previa a la publicación de las cuentas generales del Estado para 2024.

FISCALIZACIÓN DE CUENTAS

El texto parlamentario también solicita que esta auditoría sea remitida al Tribunal de Cuentas para que fiscalice la actividad del Ministerio, considerando las informaciones publicadas en el marco de la investigación de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo'.

Cerdán, que mantiene su condición de aforado, ha comunicado que declarará voluntariamente ante el Tribunal Supremo el próximo 25 de junio en relación con estas acusaciones que han sacudido al PSOE y al Gobierno.

La iniciativa de ERC busca arrojar luz sobre las presuntas irregularidades en adjudicaciones y contrataciones durante los últimos años en el Ministerio de Transportes, uno de los departamentos con mayor presupuesto del Gobierno.