La propuesta, a la que tuvo acceso Servimedia, desarrolla 36 artículos en ocho títulos y establece que todas las confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas "gozarán del mismo régimen fiscal y tributario previsto por la legislación para las entidades sin fin de lucro de interés social, o el que corresponda a las que, en su caso, hayan sido declaradas de utilidad pública".

El Estado podría determinar por ley las exenciones fiscales y tributarias que, "con carácter general", se establecieran para los lugares de culto o las actividades religiosas, así como las deducciones por donaciones.

Uno de los artículos deja claro que nadie podría ser obligado a "prestar servicios personales o a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una iglesia, confesión o comunidad religiosa".

Por el mismo motivo por el que ninguna confesión podría ser motivo de discriminación, establece que los poderes públicos no podrían "privilegiar ni discriminar" a ninguna comunidad religiosa.

Las iglesias serían plenamente libres para su organización interna, pero en ningún caso podrían "trascender los fines que les son propios y equipararse a los poderes públicos ocupando institucionalmente una igual posición jurídica".

Por ello, en el protocolo del Estado primaría el principio de laicidad, y no podría obligarse a los poderes públicos a trasladar al ámbito jurídico-civil los valores o principios religiosos de la conciencia de los fieles.

En la libertad religiosa incluyen el derecho a abandonar una confesión, celebrar los propios ritos como matrimonio o sepultura, y a objetar el cumplimiento de leyes y normas que ofendan los dictámenes morales.

Las confesiones tendrían derecho a elegir y formar a sus ministros de culto y a solicitar y recibir contribuciones voluntarias de particulares e instituciones.

Esos ministros de culto y personal religioso se podrían acoger al Régimen General de la Seguridad Social y serían asimilados a los trabajadores por cuenta ajena, asumiendo la iglesia correspondiente los derechos y obligaciones como empresario.

La proposición de ERC establece el derecho efectivo de los miembros de la Fuerzas Armadas, presos y hospitalizados a recibir asistencia religiosa de su propia confesión, y a que su alimentación se corresponda con sus preceptos religiosos.

También establece el derecho de los trabajadores por cuenta ajena a ausentarse del puesto de trabajo para conmemorar sus propias festividades religiosas.

La enseñanza de una religión no sería obligatoria ni alternativa a otra asignatura, sino de libre acceso en las escuelas públicas y concertadas, que deberán facilitar locales adecuados para ello cuando sea solicitado por un "mínimo razonable" de alumnos.