Durante el Pleno de la Cámara Alta, la senadora republicana calificó de "vergüenza y ataque a la democracia que alguien aproveche su cargo público para cobrar comisiones", en referencia al 'caso Koldo' y a la dimisión del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

Bailac denunció que "la corrupción en el Estado español es estructural y está institucionalizada", señalando que "los protagonistas esta vez vuelven a ser los partidos que apuntalan el régimen del 78 y los poderes económicos que se reparten el mercado de la obra pública a base de mordidas".

Esta parlamentaria recordó que su formación condena con "la misma contundencia" casos como "el 3%, la Gürtel, Púnica o Kitchen" y los "audios demoledores de Cerdán y Ábalos", y reprochó al PSOE que "venían a acabar con la corrupción del PP" y han quedado "manchados".

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

La senadora republicana planteó varias cuestiones sobre "el caso Cerdán y Ábalos", preguntándose "hasta dónde llega" y "cómo podemos estar seguros de que no seguirá el goteo", además de cuestionar si "el Gobierno puede garantizar contrataciones limpias".

Ante estas dudas, Bolaños aseguró que le "asquea la corrupción" y le "repugnan los corruptos", añadiendo que cuando afectan a su partido le "avergüenzan profundamente", aunque matizó que "no hay organización humana donde se pueda garantizar corrupción cero".

El ministro defendió la "tolerancia cero con la corrupción" y la respuesta "rápida y contundente" del PSOE y del presidente del Gobierno "en cuanto ha conocido indicios sólidos y graves", apartando "del partido a las personas que puedan ser protagonistas".

MEDIDAS Y COMPROMISOS

El titular de Justicia destacó que el presidente del Gobierno comparecerá en julio en el Congreso y que el PSOE pedirá una comisión de investigación "para que se conozca hasta el último detalle de esta trama", aunque matizó que corresponde a la Justicia "determinar lo que hay".

Cerró el debate enumerando medidas ya adoptadas como el Plan de Acción por la Democracia, nuevas unidades en la Fiscalía contra la corrupción pública y privada, y la creación de la autoridad independiente de protección del denunciante.