Esa petición es uno de los puntos contenidos en la proposición de ley que Joan Tardà defendió ante el pleno del Congreso de los Diputados para modificar la ley conocida como de memoria histórica.

Sólo se debatía su toma en consideración, es decir, su admisión a trámite, pero únicamente obtuvo para ello el respaldo expreso del PNV, Nafarroa Bai y Bloque Nacionalista Galego.

"No hay reconciliación sobre el olvido", proclamó Tardá en contra de las tesis de la Conferencia Episcopal, al tiempo que recuperó la teoría de Amnistía Internacional para alertar de que "no se puede pasar página sin antes haberla leído".

La proposición pretende llenar los vacíos que, en opinión de ERC, tiene la ley impulsada por el Gobierno, e incluye propuestas concretas para ampliar el colectivo de quienes tendrían derecho a ser reconocidos como víctimas.

También para reconocer a la Segunda República como "precursora" del actual sistema político, por ejemplo designando el 14 de abril, día de su proclamación, como Día de la Memoria Histórica.

La proposición dice que correspondería al Rey "formalizar solemnemente en nombre del Estado las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".

Tardà recordó que Juan Carlos de Borbón "juró los principios fundamentales del Movimiento Nacional" y por ello "se le debe exigir un acto de honradez y de coherencia para simbolizar la plena superación por la democracia del pasado autoritario del Estado".

La proposición incluye la anulación de todas las sentencias dictadas por tribunales de la dictadura, no sólo por ilegítimos sino también por ilegales, como única vía para resarcir a quienes fueron víctimas del régimen, ya que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo sigue negando las revisiones.

"BROMAS MACABRAS"

El diputado del PP Jorge Fernández Díaz fue el único que tomó la palabra para pronunciarse expresamente en contra de la iniciativa de ERC y lo hizo para denunciar "las bromas macabras y pesadas" que contiene, como "el disparate" de establecer por ley que la República es precusora del actual sistema político.

A pesar de sus duras críticas al texto, Fernández Díaz responsabilizó al PSOE del clima que ha permitido que este tipo de proposiciones se debatan en el Parlamento.

En nombre de CiU, Jordi Xuclà, desgranó puntos de discrepancia, como que el respeto a la separación de poderes impide que sea el Parlamento quien anule sentencias, y también coincidencias, pero cuestionó la necesidad de una ley para garantizar el reconocimiento de las víctimas del franquismo, y más si lo que puede hacer es contribuir a la confrontación.

Aitor Esteban, del PNV, expresó sus discrepancias con algunos aspectos del texto y se mostró de acuerdo en otras, y por ello respaldó la toma en consideración para que pueda ser debatida.

La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, respaldó la toma en consideración de la proposición de ley, como también el portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Jorquera.

El PSOE también la rechazó porque, según explicó Daniel Fernández, los socialistas son partidarios del desarrollo y cumplimiento de la ley que ya fue aprobada por el Parlamento, con normalidad y "sin más crispación que la que algunos se empeñan en sembrar".