En su exposición de motivos, la formación republicana destacó que Cataluña cuenta con un “potente sector editorial”, como lo atestigua que cada hora se editan cuatro libros (casi un centenar diarios) en el territorio, según la Federación de Gremios de Editores. En términos económicos, esto se traduce en más de 1.300 millones de euros de facturación en 2021, el 52% del total en España.

A pesar de ello, lamentó que estas cifras no tienen su correlación en un mayor número de libros publicados o editados en catalán, puesto que de los cuatro libros que se editan a la hora en Cataluña, sólo uno es en esta lengua, a lo que se añade que el volumen de ediciones y publicaciones en ella sea inferior al de hace 20 años.

“Esta situación es todavía peor para el occitano”, la lengua que se habla en el ilerdense Valle de Arán, de la cual se carece de estadísticas.

ERC señaló que España carece de políticas públicas para el fomento de la producción, publicación o edición de libros en lenguas oficiales distintas del castellano.

De hecho, deploró que únicamente exista una subvención anual del Ministerio de Cultura y Deporte para traducción entre lenguas del Estado, que incluye al castellano. A ello se suma que sus cuantías sean “claramente insuficientes para tener cualquier tipo de incidencia pública”, como lo evidencia que la convocatoria de 2022 estuviera dotada con algo más de 95.000 euros.

Ante esta situación, consideró llegado el momento de “revertir la actual deriva de reducción del uso y consumo de las lenguas oficiales diferentes al castellano”, algo, incidió ERC, que la Generalitat de Cataluña “ya está haciendo” mediante “múltiples políticas y medidas para el fomento y la protección del catalán” y el apoyo al sector cultural y editorial que publica y edita en occitano y/o en catalán.

Por todo ello, ERC busca con su proposición no de ley que el Gobierno se avenga a crear un fondo de ayudas y créditos específicos para el fomento de la edición, publicación y lectura en lenguas oficiales distintas al castellano, que este fondo se transfiera “en su integridad” a los organismos competentes de las comunidades autónomas con lengua propia diferente al castellano, y que la aportación estatal, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sea “anualmente equivalente” a la suma de la que dicho territorio haya destinado en el ejercicio anterior a esa materia.