La iniciativa, explica ERC, llega tras años de “baja ejecución presupuestaria, como evidencian los episodios recientes especialmente graves en infraestructuras clave como Rodalies o la AP-7” y establece la constitución de un consorcio paritario entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y la Generalitat de Cataluña.

El nuevo ente deberá elaborar un plan plurianual de Inversiones, realizar el seguimiento y control de la ejecución, coordinar a los entes estatales inversores e impulsar medidas correctoras cuando los plazos o los niveles de ejecución no se ajusten a lo acordado, explican los de Oriol Junqueras en la iniciativa.

Al mismo tiempo, esta proposición de ley prevé también la creación de una sociedad mercantil de inversiones de Cataluña, participada por ambas administraciones, que actuará como instrumento ejecutivo para redactar proyectos y ejecutar obras.

Con esta estructura, ERC defiende que se podrá “superar la lentitud administrativa y la falta de agilidad que han marcado proyectos estratégicos pendientes desde hace años”. La financiación del consorcio y de la sociedad corresponderá íntegramente a la Administración General del Estado.

El texto fija un plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor para constituir el consorcio, que deberá iniciar su actividad el 1 de enero de 2027, y 12 meses adicionales para crear la sociedad mercantil.

La iniciativa pretende establecer “mecanismos efectivos de planificación, supervisión y rendición de cuentas para evitar que las inversiones que afectan directamente a Cataluña sigan condicionadas por decisiones alejadas del territorio y por incumplimientos reiterados”.