Según explicaron fuentes de la defensa de ANV, el Tribunal Supremo cometió un error al dirigir la notificación de la demanda de ilegalización del partido a Antxon Gómez, quien dejó de ser secretario general de ANV en octubre del año pasado, en vez de a Kepa Bereziartua, actual presidente de la formación.

Tras recibir la notificación, Gómez envió un burofax al Tribunal Supremo advirtiéndoles de que él ya no es el representante legal de ANV.

El Alto Tribunal, sabiendo que Bereziartua se encontraba hoy declarando en la Audiencia Nacional ante el juez Baltasar Garzón -que le imputó un delito de colaboración en organización terrorista-, aprovechó la coyuntura y le notificó en persona las dos demandas de ilegalización.

Un operario con una carretilla le llevó a Bereziartua a la Audiencia Nacional tres cajas que contenían la dos demandas, acompañadas por la documentación adjunta, y el presidente de ANV abandonó los juzgados con el transportín.

ALTERACIÓN DE LOS PLAZOS

Este incidente tiene una importancia especial, ya que trastoca los plazos fijados previamente por el Alto Tribunal. La Ley de Partidos estipula que, una vez se le notifica la demanda al partido afectado, éste tiene un plazo de ocho días para personarse ante la Sala Especial del Tribunal Supremo y presentar alegaciones antes de que se decida si se admite o no a trámite.

Si la demanda se hubiese notificado el pasado sábado, el plazo de ocho días -al no computar los domingos en ese periodo- hubiese finalizado el 11 de febrero, día en el que precisamente la Junta Electoral Central debe proclamar las listas presentadas para las elecciones del 9 de marzo.

Debido al error cometido y a que no se le ha notificado a ANV la demanda de ilegalización hasta hoy, el plazo para que sus abogados se personen ante el Supremo antes de admitir a trámite las demandas finalizará el 14 de febrero.

Además, la defensa de ANV está estudiando pedir al Tribunal Supremo que aplace las vistas prevista para este viernes, en las que los magistrados deben estudiar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Estas medidas cautelares solicitadas son las suspensión de las actividades de ANV y de su derecho a presentar candidaturas a las próximas elecciones, el bloqueo de sus cuentas y de los caudales públicos que reciben, así como el embargo de sus sedes e inmuebles.

Aunque el Tribunal Supremo no está obligado a aplazar las vistas del viernes -ya que, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, puede convocar las vistas para estudiar las cuestiones cautelares cuando quiera en el plazo de cinco días-, la defensa de ANV podría alegar que al recibir las demandas tan sólo dos días antes de la vista no tiene tiempo material para preparar sus argumentos.