Escrivá hizo esta estimación durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, con el fin de presentar las claves de la reforma acordada con los sindicatos CCOO y UGT y que cuenta con la “oposición frontal” de la CEOE.

El ministro lanzó un mensaje de confianza a los jóvenes, ya que a partir de 2050 “se produce una mejora progresiva de la situación” del sistema de pensiones y, en torno a 2070, el gasto será, en relación al PIB, similar al actual o inferior (12,2%). Dicha cifra es, en el presente, inferior a la media europea, situada alrededor del 14% del PIB.

Eso sí, sostuvo que en ausencia de las medidas que se están adoptando habría “tensión” en la década de los años 30 y 40 por la jubilación del ‘baby boom’.

El ministro señaló que el coste actual por hora trabajada es de 23,4 euros, frente a más de 33 euros en los países de la zona euro. Y, con estas medidas, resaltó que el coste se elevaría solo en 37 céntimos cuando las medidas se hayan desplegado plenamente.

HITOS CUMPLIDOS

El ministro repasó los hitos en materia de pensiones que se han ido cumpliendo a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo hace dos años, como la indexación de las pensiones a la evolución de la inflación media anual calculada en noviembre, la modificación del sistema de cotizaciones de los autónomos para que sus cuotas se adecúen a los rendimientos reales y la puesta en marcha de la Ley de planes de empleo colectivo. Sobre esta última, Escrivá señaló que su desarrollo reglamentario está “muy avanzado” y el segundo verá la luz en las próximas semanas.

Con esta segunda fase de la reforma, el ministro puso en valor la subida que experimentarán las pensiones mínimas, que se situarán en el entorno de los 16.500 euros anuales en 2027, de forma que se situaría con el nivel del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Sobre las pensiones no contributivas, se debe situar en el 75% del umbral de la pobreza para un hogar unipersonal, si bien este aspecto tendrá que pasar por el Consejo de Ministros.

El ministro repasó las medidas que contendrá el real decreto, como la posibilidad de elegir entre dos fórmulas para el cálculo de la pensión, la subida de un 1,2% de las bases máximas de cotización cada año, el incremento de las pensiones máximas con una menor cuantía y a un menor ritmo, el refuerzo de los fondos destinados a la conocida como ‘hucha’ de las pensiones mediante la duplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización, centrado principalmente en las mujeres.

También explicó la inclusión de un gravamen de solidaridad para las rentas que superen la base máxima de cotización, que será de un máximo del 6%, si bien inicialmente será del 1%, con el fin de que la parte de los salarios que quede fuera de las cotizaciones por superar el tope contribuya de alguna manera a la sostenibilidad de las pensiones.

Destacó también la importancia de que se haya derogado el factor de sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013, indicando que suponía una merma de las pensiones.

La reforma recoge también que la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) evaluará cada tres años la situación del sistema y, si se detectaran desviaciones, el Gobierno encargará a este organismo un estudio para que “cuantifique” la puesta en marcha de medidas, aunque estas no se especifican en el texto.

Con esas medidas, el Gobierno elaboraría una norma y, si pasado un año no hay consenso suficiente para aprobarla, el real decreto establece un mecanismo automático para elevar el MEI. No obstante, el titular de la cartera de Seguridad Social dijo que él espera que no se produzcan estos escenarios, porque “el sistema ya arranca muy bien anclado”, por lo que esto “hay que entenderlo como un mecanismo contingente de actuación” que da al sistema “mayor modernidad” y lo adecúa al contexto internacional.