Así lo manifestó Escrivá en una comparecencia en la Comisión de Función Pública del Senado para desgranar las claves de la legislatura en esta materia, donde puso el acento en la inversión para la formación del capital humano público.

A su juicio, al igual que España “tiene un déficit de formación” de los trabajadores en el sector privado que se está “cerrando”, en la administración pública “también tenemos un déficit de formación” para hacer que durante toda la vida los trabajadores se sigan formando.

Durante su intervención, Escrivá subrayó la necesidad de fortalecer los procedimientos de captación y retención de talento en las administraciones públicas en un momento en el que está previsto que más de la mitad de la plantilla actual se jubile a lo largo de los próximos diez años, “un importante desafío, pero también una oportunidad para diseñar itinerarios de carrera motivadores que permitan competir con el sector privado en la gran pugna de nuestro tiempo por el talento”.

En España, el envejecimiento de los empleados públicos es de 19 puntos superior a la media de la OCDE y en Europa solo está por encima Italia, según detalló el ministro.

Recordó la reducción de personal público que se ha producido en los años anteriores, lo que se empezó a corregir desde 2019 y especialmente desde 2021. “Este es el punto de partida y nos debe acompañar a todos”, retó.

UN NUEVO MODELO

El ministro propuso construir un nuevo modelo de función pública basado en la gestión previsional de efectivos, más autonomía y responsabilidad a las organizaciones en la planificación de sus plantillas, procedimientos de acceso al empleo público y promoción profesional basados en competencias, y posibilidades de desarrollo profesional más estimulantes.

A tal fin, se llevará a cabo la supresión de la tasa de reposición en 2025, que promueve un crecimiento vegetativo de las plantillas, y su sustitución por otro mecanismo que se base en los servicios públicos que presta el Estado de Bienestar y en la planificación presupuestaria plurianual.

También explicó que se diseñará un plan de captación de talento y que se acortarán los plazos de incorporación a la función pública, de forma que la ejecución de las Ofertas de Empleo Público no podrá durar más de 12 meses, ya que la duración de los exámenes son “intolerablemente largos”.

Por otro lado, adelantó un “modelo nuevo de recursos humanos que permita desarrollar políticas de ‘upskilling’ y ‘reskilling’, permitiendo aprovechar así al máximo el potencial de los empleados públicos y ofreciéndoles nuevas e interesantes posibilidades en sus carreras”.

Asimismo, incidió en que se pondrá en marcha un Estatuto del Directivo Público que concrete sistemas formalizados de selección de carácter meritocrático “para que las posiciones directivas reúnan competencias técnicas, de liderazgo y visión transformadora.

Finalmente, para garantizar la rápida respuesta de las administraciones ante las situaciones cambiantes y fortalecer su capacidad de adaptación ante shocks externos, se creará un área de operaciones del sector público estatal que pueda dar respuesta a crisis inesperadas, como la pandemia, o retos de amplio alcance, como la gestión de planes de recuperación, que aproveche el talento y la experiencia de los trabajadores más senior.