Durante su intervención en el Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, convocado para debatir varios decretos y leyes, Escrivá puso en valor la “reforma estructural” sobre la cotización de los autónomos, que hasta ahora elegían la base en función de la que contribuían a la Seguridad Social, optando la gran mayoría por la más baja, y ahora deberán cotizar en función de sus rendimientos netos.

Se establecen 15 tramos de rendimientos que abarcan desde el primero, para aquellos autónomos que ganan menos de 670 euros mensuales, hasta un último tramo, para quienes ganan más de 6.000 euros al mes. Las cuotas, cuya cuantía se implantará de forma progresiva hasta 2025, oscilarán entre las más bajas -230 euros al mes en 2023, 225 euros en 2024 y 200 euros en 2025- y las más altas -de 500 euros en 2023, 530 euros en 2024 y 590 euros en 2025-.

Escrivá resaltó que será un modelo “más ágil, más flexible, más justo y más sostenible de la acción protectora” de la Seguridad Social.

Repitió en varias ocasiones que la reforma ha sido fruto del acuerdo con las asociaciones de autónomos y está en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo. “Cada uno ha tenido la altura de miras para ver lo importante que era que llegáramos a un acuerdo en el que todos nos sintiéramos cómodos”, dijo el ministro en este sentido. Añadió que “todos han hecho sacrificios” para el consenso y sus demandas “han podido ser interiorizadas”.

El titular de Seguridad Social destacó que quienes tengan rendimientos netos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pagarán cuotas “notablemente reducidas” y hasta quienes tengan rendimientos netos de 1.700 euros abonarán cuotas “similares e incluso menores a las actuales”. En suma, “uno de cada dos autónomos tendrá acceso a una cuota menor que la que paga actualmente” y que puede ser hasta un 30% más baja, y tres de cada cuatro autónomos cotizarán menos o igual que hasta ahora.

El ministro enfatizó que la reforma “favorece fundamentalmente” a mujeres y jóvenes, que ingresan en su mayoría menos del SMI.

Al mismo tiempo, afirmó que el cambio “supondrá un reto para la Seguridad Social” por pasar a tener en cuenta los rendimientos netos, lo que supondrá coordinarse con la Agencia Tributaria, y “supondrá un antes y un después” en la relación con la Seguridad Social por la mejora de la protección social y por aumentar “la equidad” del sistema.

CRÍTICAS POR FALTA DE DIÁLOGO PARLAMENTARIO

En el turno de los grupos parlamentarios, desde Vox, con posición en contra -el decreto saldrá adelante con el voto favorable del PP-, la diputada Inés Cañizares criticó la norma por ser “un ataque a la libertad de los autónomos a su derecho a elegir” la base y aseguró que la reforma servirá para recaudar más.

También llamó la atención sobre que “no queda claro en el real decreto-ley” si los autónomos deberán cotizar también por rendimientos derivados de “ostentar la participación en una entidad con o sin personalidad jurídica” y si “están, de manera encubierta, introduciendo un impuesto sobre el patrimonio”.

Por Ciudadanos, que también rechaza el decreto, María Muñoz afirmó que el decreto “no puede ser asumible por nadie que se diga liberal” y acusó al Gobierno de volver “al trágala del diálogo social”.

También criticó que la norma se haya hecho “de espaldas a esta Cámara y sin conceder a la oposición el mínimo margen para debatir y mejorar el texto”.

Esta crítica también fue suscrita por el PNV, que advirtió al Gobierno de que sea “la última vez” que no negocie con los grupos, y por ERC, que acusó de “menosprecio al parlamentarismo y a la democracia”.

Desde el PP, Tomás Cabezón confirmó el voto favorable a la norma y lo justificó en que lo ha acordado el diálogo social y “fue una exigencia nuestra”, en que se tramitará como proyecto de ley posibilitando introducir cambios y porque “entre todos hemos conseguido una vez más que el Gobierno rectifique”. Dijo que “no es la propuesta que hubiera hecho el PP, pero es el "acuerdo logrado”.

Por parte de Unidas Podemos, Isabel Franco avisó de que “no es suficiente” y es “peligroso” que no haya un “objetivo final”, ya que el nuevo esquema tiene una implementación transitoria hasta 2025, y a partir de ese año se decidirá si se revisa el sistema hacia adelante.

Por otra parte, el diputado de ERC Joan Capdevilla reclamó extender a los autónomos con discapacidad “con igual intensidad y alcance las condiciones de protección reforzada vigentes ya en regulación de la jubilación anticipada a los trabajadores con discapacidad a efectos de régimen general". “La protección general de las personas con discapacidad no debe depender de si trabajan por cuenta propia o por cuenta ajena, esperamos que pronto nos pongamos a la labor y corrijamos toda cuanta deficiencia que la precipitación le ha obligado a usted a traer a este parlamento”, agregó Capdevilla.