En relación con la reducción de la jornada lectiva del profesorado en la enseñanza pública, Escuelas Católicas advirtió de que esta medida, que no se aplica a la enseñanza concertada, "amplía la brecha en las condiciones laborales entre docentes, alejándose del principio de analogía recogido en la legislación".

Además, subrayó que esta decisión implicará un incremento del gasto público sin que todavía se haya dado a conocer su memoria económica, lo que genera dudas sobre su impacto en los presupuestos autonómicos. Escuelas Católicas recordó que, de hecho, varias comunidades autónomas ya han expresado su preocupación por la falta de un análisis en profundidad y por la precipitación en su implantación.

En cuanto a la reducción de ratios en la enseñanza obligatoria, la organización indicó que esta medida debe ir "necesariamente acompañada de financiación suficiente, tal como establece la normativa vigente". Asimismo, lamentó que el texto legal no incluya una mención expresa a los centros sostenidos con fondos públicos, ya que esta precisión habría reforzado la seguridad jurídica del conjunto de la norma. "El rechazo de esta propuesta en el seno del Consejo Escolar del Estado ha dejado sin aclarar el alcance real de la nueva regulación", destacó la entidad.

Respecto al resto de enseñanzas, Escuelas Católicas alertó de que una eventual reducción de ratios en etapas no obligatorias, especialmente en centros privados no concertados, "podría comprometer seriamente su sostenibilidad económica y afectar al derecho de creación de centros reconocido en la Constitución" y que "reducir por ley la capacidad de las aulas, sin mecanismos compensatorios, puede suponer un impacto directo en los ingresos difícilmente asumible por las instituciones educativas".

Por todo ello, la organización insistió en la necesidad de "diferenciar entre el consenso en los fines y el consenso en los medios": "Aunque existe acuerdo en la mejora de la calidad educativa, no ocurre lo mismo con los términos concretos del proyecto. Escuelas Católicas señala que el respaldo actual se concentra principalmente en organizaciones del profesorado, mientras que los titulares de centros han expresado reservas significativas ante la falta de definición y las posibles consecuencias de las medidas".