El PSOE registró esta semana un escrito de reconsideración dirigido a la Mesa del Senado en contra del nuevo plazo que ha dado el PP, hasta el 30 de noviembre, para sustituir a los cuatro magistrados del Constitucional, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido.

El órgano de garantías cuenta con 12 magistrados, de los que cuatro son elegidos por el Congreso, otros cuatro por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, otros dos son elegidos a propuesta del Gobierno y los dos restantes, a petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En diciembre de 2025 tocaba renovar a los cuatro magistrados nombrados por la Cámara Alta. Pasados nueve meses, los magistrados Conde-Pumpido, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías siguen ocupando cuatro de los doce puestos del TC después de que sus mandatos expiraran el 17 de diciembre de 2025.

El PP cuenta con mayoría absoluta de 146 senadores, pero para acordar la renovación se necesitan 160 votos, equivalentes a esas tres quintas partes, por lo que para sacar adelante la renovación es necesario un pacto con el Gobierno. Vox solo tiene tres senadores cuyos votos no alcanzarían para formar esa mayoría cualificada.

NUEVE MESES DE RETRASO

El retraso es ya de nueve meses y los socialistas acusan al PP de utilizar “pretextos inconsistentes” para no renovar a los cuatro magistrados del TC que corresponden al Senado. En entrevista con Servimedia, el portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Juan Espadas, defiende que el PP lleva toda esta legislatura en "una guerra sin cuartel" contra el Gobierno maquinando todo tipo de conflictos jurídico-políticos que tienen un hilo conductor: "desacreditar al Gobierno afirmando que incumple la Constitución".

Señala que, para ello, ha planteado recursos de inconstitucionalidad a leyes como la de amnistía, "que ya ha perdido en el TC o el TJUE", apostilla, e innumerables conflictos de competencias o atribuciones, sin que haya prosperado ninguno.

Espadas explica que el procedimiento para renovar el TC fue puesto en marcha por su presidente, Conde-Pumpido, dirigiéndose por carta al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, en julio de 2025 para que se efectuase antes de terminar ese año, y este último "no hizo absolutamente nada para activar la solicitud de candidaturas a los parlamentos autonómicos, conforme marca el procedimiento vigente, hasta el 15 de diciembre".

PRÓRROGAS EN CADENA

Sobre este primer incumplimiento, Espadas explica que no se dio razón alguna, si bien a partir del inicio de 2026, la Mesa del Senado ha ido encadenando la autorización de prórrogas en los plazos a los parlamentos autonómicos que iban disolviéndose y convocando elecciones, como es el caso de Extremadura, Castilla y León, Aragón o Andalucía (cinco prórrogas). "Han llegado a poner como excusa para una prórroga la festividad de la Virgen Bien Aparecida, que en Cantabria marca tradicionalmente el inicio de la actividad en el parlamento regional", lamenta.

En el primer semestre, el grupo parlamentario socialista entendió que las sucesivas prórrogas podían estar justificadas por los plazos del procedimiento y por las convocatorias electorales celebradas en varias comunidades autónomas.

Sin embargo, considera que el último acuerdo de la Mesa del Senado, adoptado el 10 de septiembre para ampliar de nuevo el plazo hasta el 30 de noviembre a petición del Parlamento andaluz, “no tiene fundamento en ningún caso”. A su juicio, esta decisión “revela a las claras el interés partidista del PP por dilatar este proceso sine die durante esta legislatura para evitar buscar el acuerdo necesario con los otros grupos parlamentarios”, dado que la renovación exige una mayoría de tres quintos para salir adelante.

ROLLÁN "INCURRE EN UN GRAVE ERROR"

Sin embargo, en agosto de 2025, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, abrió la puerta a negociar con el PSOE y afirmó: "Lo que no va a hacer el PP es permitir que el señor Conde-Pumpido siga". ¿Qué ha pasado para que todavía no se hayan sentado a negociar? Ante esta pregunta, Espadas contesta que es el PSOE el que está intentando que no se alarguen los plazos de forma artificial. "Hemos solicitado formalmente a la Mesa del Senado y a su presidente, una reconsideración de esta última decisión, basándonos en que se está produciendo una clara vulneración de derechos constitucionales de los senadores (art.23 CE) por razón de su cargo, a los que se les está privando de su facultad de elegir a los nuevos miembros del TC, como marca la Constitución, escuchando la voz de los territorios en sus parlamentos regionales", explica.

Según Espadas, el presidente de la Cámara "incurre en un grave y peligroso error si cree que tiene la capacidad autónoma y arbitraria de decidir dar o no esta prórroga, después de las cuatro anteriores, sin un fundamento solvente y de forma artificial, cuestión que ya el propio TC en su sentencia 32/2026 ha resuelto dejando claro que las Mesas de las Cámaras no gozan de una facultad discrecional ilimitada para ampliar plazos en los procedimientos parlamentarios y que estos deben cumplirse o argumentarse suficientemente si no se cumplen por alguna razón".

"Mucho nos tememos que el nulo interés del PP en esta renovación responde a que, tal y como ha hecho en toda esta legislatura con su mayoría absoluta en la Cámara, no quiere mantener diálogo alguno y mucho menos buscar acuerdos con otros grupos, y eso imposibilita alcanzar la mayoría de tres quintos necesarios", reitera el socialista.

Espadas señala además que el PP, como lleva pidiendo elecciones generales desde el primer día de esta legislatura, parece haber decidido que su orden de prioridades es "primero que caiga el Gobierno y mientras tanto que se bloquee todo en este país, incluido el TC, órgano al que, por cierto, también ha desautorizado o desacreditado cuando sus pronunciamientos no coinciden con los de Génova". Por tanto, si esto es así, "se trata de un incumplimiento constitucional, palmario y a sabiendas, de un partido que aspira a gobernar España. ¡Menuda tarjeta de presentación ante los electores!", señala.

La otra hipótesis para esta estrategia dilatoria, según Espadas, es aún peor y es que estén haciendo cábalas sobre una supuesta mayoría de tres quintos de PP-Vox tras las elecciones generales y así poder plantear una renovación de los magistrados del TC a medida de la ultraderecha para los próximos nueve años. "Si es así, que den la cara y se lo expliquen a la ciudadanía", critica.

"CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN"

Ante ello, el PSOE propone "simplemente cumplir la Constitución y para ello, recabar ya las propuestas de los parlamentos autonómicos que quieran plantear candidaturas y convocar la comisión de nombramientos del Senado que es previa al Pleno". Exactamente igual que ya se hizo en 2017 en el Senado también con mayoría del PP entonces (en ese momento, el plazo vencía el 19 de diciembre de 2016, se amplió dos veces por acuerdo unánime de la mesa y junta de portavoces a petición de cinco parlamentos autonómicos y finalmente el acuerdo se alcanzó entre PP y PSOE en marzo de 2017), explica.

Es, a su juicio, un mandato constitucional que requiere construir una mayoría de tres quintos y alcanzar un acuerdo sobre los mejores perfiles de magistrados y magistradas. "Todo lo que sea meter esto en la lógica del argumentario de Génova contra el Gobierno, el PSOE, etc., es una maniobra partidista más para dilatar los plazos y pactar sólo con Vox en un futuro", critica y añade que está convencido de que "no se va a dar porque este país seguirá teniendo una mayoría progresista después de las elecciones generales de 2027, así que las mayorías de tres quintos que en su día marcó la Constitución para estos casos habrá que buscarlas entre todos, progresistas y conservadores".

Sin embargo, en el PP señalan que no enfocan la renovación del TC bajo el prisma de una “negociación política”, sino como una cuestión de “regeneración” constitucional. Espadas responde que es "curioso" que hablen de regeneración constitucional y empiecen por incumplir la propia Constitución. "La Constitución establece que estos cuatro magistrados debían haber sido renovados por el Senado en diciembre de 2025. El PP lo viene impidiendo, y provoca un bloqueo que está vulnerando los derechos constitucionales de los senadores, reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, al privarlos de su facultad de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y de escuchar la voz de los territorios a través de sus parlamentos", reitera.

"Para este bloqueo, el PP está utilizando las facultades de la mesa de la cámara. Se les olvida que la sentencia 32/2026 del propio Tribunal Constitucional, que antes cité, que deja claro que las Mesas de las Cámaras no disponen de una facultad discrecional ilimitada para ampliar los plazos parlamentarios", explica y añade que los plazos deben cumplirse y, si no se cumplen, la demora tiene que estar suficientemente justificada. "Dilatar artificialmente una renovación constitucional por interés partidista no es regeneración: es bloqueo", añade.

"QUE DEN LA CARA Y LO EXPLIQUEN"

Ante la pregunta de si piensa que el PP le está influyendo Vox en este asunto, Espadas responde que sería especialmente grave. "Que el PP esté haciendo cábalas sobre una posible mayoría de tres quintos con Vox después de las próximas elecciones generales y espere hasta entonces para plantear una renovación del Tribunal Constitucional a la medida de la ultraderecha para los próximos nueve años", señala y añade que, si esa es su estrategia, "que den la cara y se lo expliquen a la ciudadanía". "Lo que no pueden hacer es utilizar sucesivas prórrogas para esconder una decisión política y dilatar indefinidamente el cumplimiento de la Constitución", asegura.

Asimismo, señala que “pensamos en Vox como elemento antisistema, pero ojo: el que incumple la Constitución es el PP cada vez que puede. Por ejemplo, bloqueando durante más de cinco años la renovación de un órgano constitucional como el CGPJ o reformando de forma unilateral el reglamento del Senado, una cuestión ya juzgada por el TC, que declaró inconstitucional lo aprobado en su primera reforma por la mayoría absoluta del PP tras el recurso presentado por el PSOE”.

“También lo hemos visto esta misma semana, con un pronunciamiento del TC que confirma la constitucionalidad del tratado de amistad entre España y Francia impulsado por el Gobierno y que la Mesa del Senado se negaba a tramitar a iniciativa del PP. Todavía se resistirán a tramitarlo, veremos”, añade.

"Con estos antecedentes, al PP, en un alarde más de su incoherencia política, se le llena la boca hablando de la Constitución, pero la incumple siempre que está en su mano por puro interés partidista", opina.

UNA RENOVACIÓN SIN CÁLCULOS ELECTORALES

Y ante la pregunta de si piensa que tras las próximas elecciones esto podría perjudicarle al PSOE, el dirigente socialista no se corta y señala que "¡Eso se creen ellos!". "Nosotros tenemos claro que estas maniobras dilatorias perjudican, sobre todo, a la ciudadanía, a la credibilidad de las instituciones y a nuestro sistema constitucional", afirma.

Además, "estamos convencidos de que España seguirá teniendo una mayoría progresista después de las próximas elecciones generales. Pero esta renovación no puede depender de cálculos electorales ni de quien crea que puede beneficiarse dentro de unos meses. La Constitución exige una mayoría de tres quintos y, por tanto, obliga a progresistas y conservadores a ponerse de acuerdo. Lo que corresponde es cumplirla ahora y no cuando les parezca mejor a ellos", insiste.

Por último, esta demora ha tenido una consecuencia política y es que Conde-Pumpido presidirá y será decisorio el próximo 6 de octubre en la aplicación de la amnistía a Puigdemont. El PP asegura que este hecho le da "ventaja" al Gobierno y Espadas recuerda que fue el propio presidente Conde-Pumpido el que urgió al presidente del Senado a cumplir con los plazos de renovación de la actual composición del Tribunal Constitucional.

"Si el propio presidente actual permanece en el cargo, aun habiendo cumplido su mandato, es precisamente porque la mayoría del PP en el Senado ha retrasado durante meses el procedimiento. No se puede bloquear una renovación y después presentar como una ventaja del Gobierno las consecuencias del propio bloqueo: es una falta de respeto institucional inaceptable", destaca.

Por otra parte, asegura que "es lo habitual en este PP que vive en continuas contradicciones: pedir que se defienda la independencia judicial y atacar al presidente del TC; o discutir que el bote de gas pimienta del otro día en el Congreso sea un arma que pueda afectar a la salud pública, cuando hay una docena de víctimas de esa actuación irresponsable. "La cuestión de fondo es el grave descrédito institucional que generan las demoras partidistas en la renovación de los órganos constitucionales", termina.