En Madrid, la manifestación partirá a las 18.00 horas desde Atocha y recorrerá Cibeles hasta la plaza de España. En Barcelona, la convocatoria está prevista a las 17.30 horas desde los Jardinets de Gràcia, mientras que en Valencia comenzará a las 18.00 horas en la calle Xàtiva. En Sevilla, la marcha saldrá a las 18.00 horas desde la avenida del Cid, en la glorieta de Juan de Austria, y concluirá en Las Setas.

Por su parte, Zaragoza acogerá una concentración a las 11.30 horas ante la sede de CEOE y otra manifestación a las 18.00 horas desde la Puerta del Carmen. En Málaga, la movilización comenzará a las 18.00 horas en el Paseo del Parque, junto a la Fuente de las Tres Gracias, y recorrerá la ciudad hasta el Puente de las Américas.

Maricarmen fue expulsada de su casa en camilla y fue trasladada a un hospital madrileño, donde a través de sus abogados, alcanzó días después un acuerdo con el fondo propietario de su vivienda (Urbagestión) para que pudiera regresar al que había sido su hogar en Madrid durante 70 años. Pero eso no se materializó, porque horas antes de la firma del pacto, Maricarmen falleció.

En medio de todo este proceso, el Sindicato de Inquilinas convocó una gran manifestación en Madrid que derivó en una acampada en la Puerta del Sol, con réplicas después en otras ciudades españolas. Además, el Gobierno de coalición aprobó dos reales decretos-ley sobre vivienda, uno de ellos para impedir desahucios en personas vulnerables y otro, impulsado por Sumar, para hacer indefinidos los contratos de alquiler. Este segundo nunca tuvo posibilidades de ser aprobado en el Parlamento pero, el primero sí, aunque finalmente Junts se unió al PP y Vox y tumbó ambos textos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó entonces las elecciones al 29 de noviembre, con una izquierda movilizada en las calles y pidiendo una mayoría “más contundente” para poder aprobar las medidas necesarias que solventen el problema de la vivienda. Igualmente, aprobó de nuevo en Consejo de Ministros, aunque con matices, ambos decretos, que deberán someterse a votación en la Diputación Permanente, una vez disueltas ya las Cortes Generales.

El primero de los decretos podrá llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE), pues en la Diputación Permanente no se necesita a Junts, pero el segundo fracasará nuevamente, pues cuenta también con la oposición del PNV.

ACCIDENTE

En todo caso, el foco de la huelga general se ha difuminado durante días, después de que el pasado 28 de octubre dos trenes colisionaran en la localidad toledana de Urda, con 69 muertos, y la dimisión posterior, por sorpresa, después de una comparecencia parlamentaria, del ya exministro de Transportes, Óscar Puente. Sus competencias las asumió el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la figura con imagen de mayor solvencia y que más confianza genera en el gabinete de Pedro Sánchez, según todos los sondeos.

Superada la conmoción inicial, este viernes ya Pedro Sánchez recuperó la precampaña electoral y los sindicatos se negaron a suspender la huelga general, como le pidió el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, alegando que tras 69 muertos sería un “grave error” sostener el paro. Para las dos centrales sindicales mayoritarias, se siguen dando los mismos motivos para la movilización que antes del accidente e incluso más, porque se podrá poner la atención también en exigir un reforzamiento de los servicios públicos y de las infraestructuras esenciales.

Desde la oposición y sindicatos como CSIF no se ha apoyado el paro, alegando que tiene un fuerte cariz electoralista pues, de hecho, miembros del Gobierno han respaldado públicamente la huelga. Este pasado viernes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumió que todas las huelgas tienen un carácter político y exclamó: “¡Viva la huelga general convocada por los sindicatos de mi país!”.

Igualmente, los dos sindicatos mayoritarios han sido acusados de convocar la huelga por verse arrastrados por el Sindicato de Inquilinas que, pese a su nombre, no es sindicato y no tiene capacidad para promover legalmente el paro. CEOE llegó a plantearse llevar a la justicia la huelga pero finalmente descartó la medida, aunque mostrando una frontal oposición a la misma por “electoralismo” y por hacer recaer sobre las empresas una crisis de la vivienda que ellas no han provocado.

HUELGA ATÍPICA

En cualquier caso, CCOO y UGT asumen que es una huelga “atípica” por no dirigirse contra una política laboral concreta del Gobierno, que de manera exigente han avalado durante estos ocho años, pero que la crisis de la vivienda hace necesaria. También quieren aprovechar la jornada para presionar a CEOE y Cepyme para que se sienten a negociar un nuevo acuerdo general de convenios colectivos, que incluya recomendaciones de subidas salariales para los convenios colectivos que oscilen entre el 4% y el 7% anual durante el próximo trienio. Justifican su demanda en los “elevados beneficios empresariales” y en el repunte que está experimentando la inflación como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Cabe recordar que, desde la recuperación de la democracia, España ha registrado siete grandes huelgas generales estatales de 24 horas, celebradas entre 1985 y 2012. La primera tuvo lugar el 20 de junio de 1985, durante el Gobierno de Felipe González, contra la reforma del sistema de pensiones. Tres años después, el 14 de diciembre de 1988, CCOO y UGT convocaron un paro que pasó a la historia por su seguimiento y que obligó al Ejecutivo socialista a retirar el Plan de Empleo Juvenil. Posteriormente, se celebró otro gran paro el 27 de enero de 1994, contra una reforma laboral. Ya el 20 de junio de 2002, durante el segundo mandato de José María Aznar, se produjo otra huelga general contra el denominado ‘decretazo’, que modificaba la protección por desempleo.

Las otras tres convocatorias tuvieron lugar durante los gobiernos socialistas y populares de la última etapa. El 29 de septiembre de 2010, los sindicatos protestaron contra la reforma laboral impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero. Ya con Mariano Rajoy en La Moncloa, se celebraron dos nuevas huelgas generales, el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012, ambas contra la reforma laboral y las políticas de “austeridad y recortes” en plena crisis. Desde entonces, no se había celebrado otra huelga general estatal de 24 horas.