La Comisión Europea ya ha desembolsado 55.000 millones de euros para España en los cinco pagos que se han producido hasta la fecha, y se espera que el Gobierno pida el sexto desembolso en las próximas semanas.

Antes de solicitarlo, el Ecofin debe dar el próximo 20 de enero su visto bueno a la adenda de simplificación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobada por el Gobierno a comienzos de diciembre.

El objetivo de esa adenda era agilizar el cumplimiento de los hitos asociados y garantizar la llegada de los 47.000 millones de euros restantes para la economía española.

España, como el resto de los estados miembros, tiene hasta agosto de este año para hacer los deberes comprometidos con Bruselas dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, puesto en marcha tras la pandemia para impulsar y transformar las economías europeas.

No obstante, fuentes del Ministerio de Economía precisaron a Servimedia que, si bien el plazo termina en agosto, se baraja que los desembolsos que quedan irán llegando hasta finales de 2026, ya que antes tendrá que chequearse el uso de los fondos, trasladar la petición a la Comisión y esperar a que esta compruebe el cumplimiento de los hitos restantes.

Economía calcula pedir el sexto pago tras la aprobación de la adenda por parte del Ecofin, con la intención de que el dinero llegue en el primer semestre, y proceder a la última solicitud en agosto, para adecuarse a los plazos marcados por el PRTR antes del final de 2026.

Al cierre de este 2026, y si se cumple el calendario del Gobierno, España habrá recibido 102.600 millones de euros, de los que 79.900 millones se corresponderán con fondos no reembolsables y 22.700 millones con préstamos.

ADENDA DE SIMPLIFICACIÓN

El Gobierno aprobó a comienzos de diciembre la adenda de simplificación del PRTR, y recibió poco después el visto bueno de la Comisión Europea. La siguiente fase es que el Ecofin también adopte la adenda en la reunión prevista para el próximo 20 de enero, según avanzó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una comparecencia en el Congreso a mediados de diciembre.

En ese documento remitido a Bruselas, y que ya cuenta con la aprobación de la Comisión, España limitó el importe de los préstamos a 22.705 millones y renunció al resto, ya que el Gobierno optó por financiarse en los mercados, donde el coste resulta ahora más barato para España. Además, permite así extender una red de seguridad más allá de 2026.

La adenda de simplificación afecta 85 medidas por “circunstancias objetivas”. Otras 35 de las medidas iniciales ya no son “parcialmente alcanzables por falta de demanda” y 23 tampoco serán “parcialmente viables” por limitaciones en la cadena de suministros y dificultades técnicas inesperadas.

Además, España avisó de que tres medidas tampoco se podrán cumplir como consecuencia de la inflación y otras tres no serán completamente viables “debido a un número insuficiente de solicitudes elegibles”.

Asimismo, España pidió modificar otras 21 medidas para lograr mejores alternativas de implementación y mantener la ambición inicial, e incorporó cambios en 72 medidas para aplicar alternativas mejores que permitan reducir la carga administrativa.

Por otro lado, España incorporó cuatro nuevas medidas y aumentó el nivel de aplicación de tres gracias a la supresión de otros hitos.

En cuanto al aumento al nivel de aplicación, España optó por mejorar el plan de eficiencia y sostenibilidad en el riego, el régimen de ayudas para apoyar proyectos estratégicos en la cadena de valor de los coches eléctricos y el régimen de ayudas para proyectos de descarbonización.