En un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ejecutivo rechaza "tajantemente el contenido de esta ley draconiana, que está planteada en sus propios términos como discriminatoria contra la población palestina".

"Esta discriminación es de máxima gravedad al consagrar la desigualdad jurídica entre personas en una cuestión que afecta directamente al derecho fundamental a la vida", denuncia el Gobierno, que denunció asimismo que la norma "amplía el número de delitos castigados con la pena de muerte y elimina garantías elementales del debido proceso".

Además, la norma "implica asimismo el ejercicio ilegal de la jurisdicción israelí en el Territorio Ocupado perteneciente al Estado de Palestina, especialmente grave tratándose de la aplicación de la pena capital".

España recordó por ello su "firme rechazo a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias por considerarlo un castigo cruel, inhumano y degradante que no tiene fines disuasorios probados y provoca efectos irreparables en caso de error judicial".