Así lo manifestó en una entrevista a Servimedia la autora del estudio ‘Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica’ y economista especializada en género, Celina Santellan, quien aplaudió que España destaca por usar una metodología “avanzada” (input-output) que permite medir no solo los efectos directos de la violencia, como el impacto en la salud o la justicia, sino también los indirectos en la economía.

En concreto, España es capaz de medir el impacto de la violencia machista desde la pérdida de productividad en las empresas hasta los efectos en cadena sobre los sectores vinculados a las empresas y la reducción de ingresos de las mujeres víctimas.

Este enfoque ofrece una visión más completa del coste real de la violencia de género y facilita la toma de decisiones en política pública y en el ámbito empresarial.

El estudio, presentado recientemente por la Secretaria General Iberoamericana en colaboración con la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, señala que las mujeres absorben entre el 44% y el 50% del coste de esa violencia en países como Paraguay y Ecuador, lo que repercute negativamente en sus hogares.

Santellan sostuvo que, en algunos países como Paraguay, la violencia de género puede llegar a suponer unos 1.450 millones de dólares, que equivale a casi un 5% de su PIB, con una parte significativa (38%) asumida por el sector empresarial.

Santellan también considera que el principal hallazgo de su trabajo es que la mayor pérdida de las empresas por violencia no viene del absentismo, sino del “presentismo”: trabajadoras que acuden a su puesto, pero ven reducido su rendimiento por la situación de violencia. Este fenómeno puede representar hasta el 73% del coste laboral para las empresas, frente al 23% del absentismo.

Esto implica que las compañías siguen pagando salarios completos, pero con una productividad reducida, lo que genera pérdidas difíciles de detectar. Aun así, muchas empresas no identifican este impacto como consecuencia directa de la violencia contra sus empleadas.

Además, la autora del estudio explicó que la violencia económica es la menos medida o la más “compleja” de medir y analizar porque las víctimas de violencia económica están muy invisibilizadas, pese a ser una de las violencias más “determinantes” en la productividad de las mujeres (dentro y fuera del hogar).

Asimismo, la violencia en los grupos vulnerables como mujeres con discapacidad, migrantes o indígenas están infrarepresentada, es decir, no hay casi información sobre sus situaciones por su invisibilidad. Factores como la falta de transporte en zonas rurales o el escaso acceso a servicios básicos en poblaciones indígenas incrementan las situaciones de violencia que puedan sufrir las mujeres.

Sobre esto, Santellan señaló que existen mayores costes para las empresas, y los países en general, en lo relacionado a estos colectivos, pero tienen “peor medición”.

Finalmente, la autora reivindicó la importancia de este tipo de trabajos, ya que ayudan a tomar decisiones sobre la repuesta a la violencia de género y así diseñar políticas públicas “más eficaces”, así como animar a las empresas adoptar medidas propias (protocolos, por ejemplo) contra la violencia machista.

Santellan también subrayó la necesidad de visibilizar más el coste real de la violencia de género en la economía, lo cual también ayudará a sustentar más la inversión en prevención en esta materia.