Así lo recoge la última edición del Panorama de Competencias de la OCDE, publicado este martes, y que muestra qué factores ajenos al control de las personas, como el género, la educación y la ocupación de los padres, el origen inmigrante, la edad y el lugar de crianza, están estrechamente asociados con la adquisición de competencias esenciales del siglo XXI. En esas competencias se incluyen las de poder procesar la información como la lectoescritura, la aritmética y la resolución adaptativa de problemas, así como las habilidades sociales y emocionales.

Se media, en la OCDE solo el 29% de los trabajadores ocupa puestos donde su mismo sexo representa menos de una cuarta parte de la fuerza laboral; sin embargo, ese porcentaje supera el 40% en el caso de España y Estados Unidos. Los que mejor integración por género tienen son Polonia y Lituania, con sólo alrededor del 15% de los trabajadores empleados en empleos donde su mismo sexo representa menos de una cuarta parte de la fuerza laboral.

Según la Clasificación Nacional de Ocupaciones publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (con datos a 1 de enero de 2023), en España, las ocupaciones más frecuentes son las relacionadas con los profesionales de la enseñanza, que alcanza el 4,9% del total de ocupados. El mismo porcentaje lo ocupan los dependientes en tiendas y almacenes. Esto significa que hay 983.857 trabajadores en la enseñanza y 976.858 dependientes de tiendas, dos de los sectores más feminizados del mercado español.

PROGRAMAS DESTACADOS

El estudio de la OCDE difundido este martes destaca como buenas prácticas dos programas españoles. Uno es el Vives Emplea Saludable, para mejorar la empleabilidad integrando el bienestar físico, emocional y social de desempleados.

El segundo es el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+) que busca reducir el abandono escolar y el bajo rendimiento escolar, centrándose en la digitalización y modernización de la infraestructura educativa, desde la educación infantil hasta la educación superior, incluyendo la dotación de herramientas digitales y la formación complementaria del profesorado.

A través del PROA, destacó la OCDE, los centros educativos se comprometen a una prestación de servicios adaptada mediante acuerdos con las autoridades educativas que definen los objetivos comunes y las acciones y recursos específicos necesarios para alcanzarlos. Entre 2021 y 2024, PROA+ recibió 360 millones de euros y abarcó a un millón de niños y jóvenes en 3.600 escuelas y colegios, según datos del Gobierno de España.