Según informó dicho tribunal, los magistrados de la Sección Cuarta de su Sala de lo Penal consideran que los delitos que se le atribuyen en Perú a Luis Alberto Mío Morocho se corresponden, según la legislación española, con 13 delitos de asesinato consumado y otros tres en grado de tentativa, así como pertenencia a organización criminal.

El tribunal desestima el argumento que sostuvo Mío Morocho de que la extradición obedece a motivos políticos con origen en la inestabilidad política del país, donde en un corto espacio de tiempo se han sucedido distintos presidentes del Gobierno salpicados por escándalos de diversa consideración.

La Audiencia señala al respecto que desde que se cometieron los hechos, en 2012, hasta 2022, año en que se solicita la extradición, pese a los cambios de gobierno en Perú no se ha acreditado que se haya cometido abuso de poder que lleve a negar la extradición. El auto recuerda que el recurrente permaneció en su país desde 2012 hasta 2019 trabajando como policía, a pesar de la inestabilidad que ahora arguye, y que se desconocen las ideas del reclamado y si se vinculó a alguno de los supuestos bandos en litigio.

Tampoco admiten los jueces el supuesto riesgo para su vida en caso de ser extraditado, tal y como alega el reclamado, que asegura haber sufrido tres atentados en su país pero no ha aportado, según la Audiencia Nacional, ningún dato indiciario que sustente tal denuncia ni ningún documento que acredite que solicitó asilo.

Las autoridades peruanas le reclaman por haber participado en tres crímenes cometidos junto con otros miembros de la Policía. El primero de ellos en junio de 2012, en las inmediaciones del Puente Santa Anita del distrito de Atevitarte, donde los agentes acabaron con la vida de tres hombres. El segundo tuvo lugar el 18 de noviembre de 2012 en el distrito de Puente Piedra (Lima), en un operativo policial simulado con motivo de un supuesto transporte de droga en el que dieron muerte a cuatro personas. Por último, se le atribuye haber participado en la muerte, el 4 de diciembre de 2013, de seis personas en un operativo policial ficticio con motivo de un supuesto secuestro que se iba a producir en la ciudad de Chiclayo.

Con motivo de esta última acción, tal y como reseña la documentación extradicional, el reclamado Mío Morocho fue propuesto para ser ascendido y condecorado por “acción distinguida” al presentar el falso operativo policial como un enfrentamiento armado “por el cual se prestigiaba la imagen policial, lo que constituía uno de los fines de la organización criminal”.