Durante el año pasado, el Servicio de Seguridad Privada, del Ministerio del Interior, otorgó autorizaciones a 46 detectivesa 103 auxiliares de detectives.

Las agencias de detectives, que ofrecen sus servicios a través de las páginas de los periódicos, están especializadas en hacer investigaciones sobre infidelidades matrimoniales o empresariales, búsqueda de personas desaparecidas y toda clase de gestiones similares.

Según fuentes policiales consultadas por Servimedia, estas actividades rayan, en ocasiones, con el espionaje y con la intromisión ilegal en la intimidad y vida privada de los ciudadanos.

Algunas deestas agencias, que incluso aportan pruebas con valor judicial y hacen trabajos en el extranjero, indagan sobre bienes patrimoniales, solvencia, antecedentes policiales, arrendamientos y conductas dudosas. Además, realizan vigilancias, seguimientos y barridos telefónicos.

Estos investigadores establecen sus tarifas según cada caso, dependiendo de las horas que empleen en conseguir las pruebas que presentan al cliente que les contrata y de la dificultad del trabajo encargado.

Actualmente, la segurdad es uno de los sectores que está más en alza en España. Por ello, el ministerio ha decidido controlar estrechamente las actividades de estas agencias para evitar las irregularidades y los abusos.

Con el fin de regular las labores de detectives y vigilantes, el departamento que dirige José Luis Corcuera ha prometido remitir a las Cortes, en el próximo período de sesiones, la Ley de la Seguridad Privada.

VIGILANTES

Por otro lado, el número de vigilantes jurados continúa incrementándose de form paulatina y en toda España hay ya cerca de 47.000, frente a los 33.230 que estaban en activo a finales de 1989.

En nuestro país existen unas 700 empresas que ofrecen servicios de vigilancia y protección, que funcionan junto a otras 1.000 dedicadas a la instalación y el mantenimiento de equipos de seguridad.

El miedo a los atentados terroristas y a los secuestros ha hecho florecer la figura del escolta o guardaespaldas, cuya misión principal consiste en ser la sombra del personaje a proteger y enactuar si es necesario.

La labor del guarda o vigilante jurado no está exenta de polémica, ya que en algunas ocasiones han sido denunciados por extralimitarse en sus funciones y coartar la libertad de los ciudadanos. El último informe del Defensor del Pueblo dedicaba un capítulo a esta cuestión.

Las quejas y la falta de licencia de estos negocios provocaron que en 1990 la Unidad Central de Seguridad Privada abriese 943 informaciones, que originaron la incoación de 340 expedientes.

Sin embarg, otras 202 nuevas empresas solicitaron ser registradas y 78 fueron dadas de baja (48 a petición propia y 31 por cancelación de la inscripción). En estos momentos, funcionan en España 1.523 empresas de seguridad.