El acuerdo lo rubricaron en Sevilla en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas.

“Nuestro compromiso con la gobernanza digital trasciende fronteras. Con este acuerdo apoyamos el intercambio de buenas prácticas y la transferencia tecnológica con América Latina y el Caribe, región prioritaria para el Gobierno de España y con la que compartimos valores, lazos humanos, culturales, sociales y económicos”, afirmó el ministro.

Según informa Transformación Digital en un comunicado, esta iniciativa pretende consolidar un marco sólido y efectivo de colaboración entre ambas entidades que promueva durante los próximos cinco años, programas y proyectos dirigidos a la transformación de la administración a través de la digitalización, del uso estratégico de datos, mediante la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y con el fortalecimiento de la ciberseguridad.

Para llevar a cabo esta tarea, ambas partes defienden la profesionalización del sector y la necesidad de garantizar la formación continua del personal funcionario. Todo ello, con el objetivo además de ofrecer servicios públicos más eficientes, seguros e inclusivos, tanto para la ciudadanía, como para el sector privado.

Además, el documento insiste en la necesidad de “garantizar su implementación homogénea en todos los ámbitos y sectores” a través del fortalecimiento y de la coordinación entre los entes rectores en materia de gobernabilidad digital, de ciberseguridad y de función pública de cada uno de los países participantes.

PLAN DE ACCIÓN

El texto dibuja un plan de acción anual basado en tres líneas de trabajo específicas. En cuanto a la primera, vinculada al ámbito de la transformación digital, el memorando fija promover el uso estratégico de datos, la interoperabilidad de servicios o la adopción de la inteligencia artificial en las administraciones. En materia de ciberseguridad, el acuerdo pone el acento en el impulso de garantías de seguridad y protección de datos de las administraciones públicas y en la prestación de servicios a la ciudadanía. Y en cuanto al tercer eje de actuación, el de servicios públicos, el documento señala el desarrollo de indicadores que midan el valor público generado por la efectividad de la transformación digital en el sector público.

Para su desarrollo, el documento propone actividades de sensibilización como seminarios y talleres con expertos internacionales, órganos e instituciones, encuentros técnicos y estancias de profesionales de distintos países para el intercambio de buenas prácticas, estudios llevados a cabo por funcionarios pertenecientes a organismos específicos de distintos Estados o la elaboración de guías prácticas que sirvan de análisis y valoración acerca de la efectividad de la modernización de la administración.