Presentado este jueves en Madrid, el trabajo destaca que la gestión de fronteras en España es “un ámbito en el que no caben elogios” y exige acabar con “su externalización”.

Denuncia también que “el cambio de criterio del Gobierno frente a lo que defendía cuando estaba en la oposición respecto a la legalidad de los rechazos en frontera permitió su uso indiscriminado”, en particular tras las entradas masivas en Ceuta del mes de mayo de 2021.

Además, agrega que “la gestión de la crisis migratoria en las Islas Canarias a raíz del aumento exponencial de llegadas a finales de 2020, cuando se mantuvo detenidos a los migrantes más allá del plazo establecido por ley en condiciones de hacinamiento e insalubridad”, demostró “un claro enfoque securitario”, donde se daba más importancia al control de fronteras que al respeto de los derechos humanos.

El informe deja claro que, aunque el Pacto Mundial sobre las Migraciones “no es jurídicamente vinculante”, se apoya en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados firmantes a garantizar su protección a todas las personas, sin discriminación alguna.

Por ello, exige poner fin a la práctica de las devoluciones sumarias, que “es contraria al derecho internacional”, y propone someter estas actuaciones a la normativa vigente para dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional, que “exige su aplicación individualizada, el control judicial y su pleno sometimiento a las obligaciones internacionales de España”.

Por el mismo motivo, pide la eliminación de la disposición adicional décima de la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social –conocida como Ley de Extranjería--, donde se establece el régimen especial de Ceuta y Melilla que autoriza estas devoluciones.

AVANCES Y RETOS

La investigación sí reconoce que la llegada del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos “impulsó una muy importante agenda social” que, sin embargo, “ha tenido una repercusión desigual en la población migrante”.

En este sentido, aplaudió la modificación del reglamento de Extranjería para garantizar la documentación de todos los menores extranjeros bajo tutela estatal, aunque lamentó que “otras cuestiones urgentes, como la exclusión sanitaria y la adopción de medidas concretas para terminar con las identificaciones policiales por perfil racial, aún no se han abordado”.

Reclamó a también que las fuerzas de seguridad pueden efectuar tales detenciones; cerrar los centros de Internamiento de extranjeros y poner en marcha medidas alternativas; acabar con el uso generalizado de pruebas médicas para la determinación de la edad, que “son imprecisas e invasivas”, y facilitar el acceso a la justicia y a los sistemas de protección a los grupos migrantes más vulnerables, como víctimas de trata o de violencia de género, menores no acompañados, etc.

Por otro lado, las ONG exigieron una regularización extraordinaria de todas aquellas personas extranjeras en situación irregular en España y subrayaron el “trabajo esencial e invisible” que muchas de ellas llevaron a cabo durante los meses de confinamiento para asegurar que los alimentos “seguían llegando a nuestros supermercados y los cuidados, a nuestros mayores”. “Este discurso, sin duda instrumentalista, no vino acompañado de medidas que facilitasen ni su documentación ni la protección de sus derechos laborales”, lamentaron.

Para solventarlo, pidieron equiparar los derechos de las empleadas domésticas y del hogar con los del resto de los trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social; flexibilizar y agilizar los trámites para conseguir permisos de residencia y de trabajo; modificar la Ley de Extranjería para evitar la irregularidad sobrevenida; flexibilizar las condiciones de reagrupamiento familiar; ampliar la concesión de visados de estudio a todas las nacionalidades; modificar la legislación y la normativa sanitaria para así acabar con la exclusión de quienes no pueden acreditar tres meses de estancia en España, y eliminar la exigencia de seguro médico privado para las personas que llegan a través de reagrupamiento familiar. Asimismo, el informe reclama el acceso al Ingreso Mínimo Vital a todas aquellas personas que cumplan los requisitos económicos, con independencia de su situación administrativa en España, y defiende el empadronamiento de todos los residentes en un municipio.

Finalmente, el trabajo alerta de los riesgos que entraña el auge de la ultraderecha, “que crece elección tras elección”, y de “la normalización de los discursos y de los mensajes de odio que esto implica”. “Las posturas xenófobas y racistas, hasta ahora latentes en esta sociedad, empiezan a verse legitimadas en la esfera pública”, denuncia.

Por ello, exige la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que, entre otros puntos, facilite la persecución de los delitos de odio por origen racial o étnico, así como los actos discriminatorios en el acceso al empleo, a la vivienda o a los servicios sociales.