Esa es la conclusión principal de un estudio elaborado por Ecologistas en Acción en colaboración con Economistas sin Fronteras y que identifica los incentivos perjudiciales del sector primario en España.

La investigación, difundida este martes y enmarcada en la campaña ‘Sin biodiversidad no hay vida’ de Ecologistas en Acción, se basa en un análisis realizado durante un año y es la primera en ese campo para España. Se basa en datos oficiales de las cuentas nacionales y autonómicas.

El informe las políticas fiscales de las que se benefician los sectores agrario, pesquero y forestal, y su impacto en los ecosistemas y la extinción de especies.

El documento precisa que los 8.000 millones de euros concedidos en 2024 a actividad y empresas vinculadas con la pérdida de biodiversidad es más baja que la total porque no se incluyen otros sectores de “gran impacto ambiental”, como el transporte y la energía.

En contraposición, el presupuesto público de ese año -sumando Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos- para conservar y restaurar espacios naturales rondaba los 2.000 millones de euros.

“INCOHERENCIA FISCAL”

Los datos evidencian una “incoherencia fiscal”, según Ecologistas en Acción. La brecha financiera nacional para cumplir con el Convenio de Diversidad Biológica es de 3.500 millones de euros. “Reformar, reconducir o eliminar estas subvenciones resolvería este déficit”, apunta esa organización.

El informe revela que el 85% de las subvenciones más problemáticas son ayudas directas, la mayoría proveniente de fondos europeos para el sector agrario y forestal (PAC) y pesquero (Fempa), aunque también se han señalado fondos Next Generation relacionados con la intensificación de regadíos y la bioenergía a partir de quema de biomasa forestal.

El análisis también incluye exenciones fiscales y en la diana las que benefician a plaguicidas y fertilizantes o al combustible para la pesca profesional.

Ecologistas en Acción señaló que las subvenciones públicas son necesarias para apoyar al sector primario, pero añadió que el sistema actual beneficia a grandes empresas y lobbies, en lugar de mejorar la situación de productores con niveles más bajos de renta, que son quienes más riqueza dejan en las comunidades.

“Alinear el sistema de ayudas públicas con la conservación y restauración de la naturaleza es una oportunidad para avanzar hacia políticas fiscales que protejan la biodiversidad y la economía rural y costera más vulnerable”, concluyó.