Es la principal conclusión del informe ‘Acceso a la vivienda y las necesidades de alquiler asequible’ elaborado por Culmia en colaboración con GAD3 que analiza la tasa de esfuerzo de las familias de los 151 municipios más poblados de España, así como la evolución de los precios del mercado del alquiler y su demanda en comparación con el resto de países de su entorno.

Esta cifra cuadriplica el objetivo inicial del Gobierno de Pedro Sánchez de incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible con la construcción o rehabilitación de 184.000 viviendas a través de siete iniciativas vinculadas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Sareb y el Fondo Social de Viviendas en alquiler.

El coste por vivienda de esta inversión sería de 142.000 viviendas. En total, el 76% de la inversión provendría de la inversión privada, unos 81.500 millones de euros que se repartirían entre los 18.500 millones de los adjudicatarios y 63.000 millones de la inversión bancaria. La inversión pública por su parte representaría el 24% y alcanzaría los 26.600 millones a repartir entre las ayudas a la construcción y los subsidios de financiación.

Por regiones, Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana son las zonas que precisan de un mayor desarrollo de vivienda asequible. La región catalana necesitará construir 225.000 viviendas de alquiler asequibles en los próximos diez años, para lo que precisará de una inversión pública de 1.010 millones de euros.

Culmia apunta que la última actualización del precio de los módulos -el precio por el que se vende o alquila una vivienda protegida o asequible- por parte de la Generalitat provoca que su inversión sea menor que la que debería realizar la Comunidad de Madrid, pese a que el número de viviendas que precisa es mayor. Según el informe, la región madrileña precisa de 174.000 nuevas viviendas de alquiler asequible en la próxima década, con una inversión pública que alcanzaría los 5.418 millones de euros.

Andalucía es otra de las regiones que precisa de un mayor número de vivienda de alquiler asequible, con un total de 85.000 nuevas unidades y una inversión de 4.529 millones. Le sigue la Comunidad Valencia con 85.000 viviendas y 3.245 millones. Por último, Canarias, con 46.000 viviendas y 2.486 millones.

A LA COLA DE EUROPA

El análisis subraya que, en un contexto en el que la producción de vivienda en España ha caído un 86% con respecto a su máximo histórico de 2006, el mercado nacional se sitúa a la cola de Europa en cuanto a construcción de vivienda pública, pues es el quinto país de toda la Unión con menor parque destinado a ello.

Del total de la producción de vivienda, sólo el 10% corresponde a vivienda protegida y de ese porcentaje, el 80% proviene únicamente de la inversión privada. Los datos del informe reflejan que frente a una misma inversión por parte de la Administración (26.000 millones en 10 años), la colaboración público-privada elevaría la producción de vivienda pública un 72% y se pasaría de las 442.000 viviendas a las 761.000 unidades.

En España se prevé la creación de 150.000 nuevos hogares al año entre los municipios más poblados, por lo que de seguir la actual línea de desarrollo de viviendas, cada año se producirá un déficit de 20.000 viviendas asequibles, según datos de Culmia.

SALARIOS

Otro parte del informe se dedica a estudiar la tasa de esfuerzo por grupos de ingresos. Así, los hogares con salarios entre 1.000 y 2.000 euros son los que presentan en la actualidad un mayor grado de vulnerabilidad, con una tasa de esfuerzo por encima del 50% en algunos casos. Sería precisamente este grupo, que representan un 41% de los hogares en alquiler, los principales destinatarios de esta nueva oferta de alquiler asequible.

Asimismo, para el grupo de población con ingresos menores de 1.000 euros se calcula que sería necesaria la creación de 442.000 viviendas íntegramente de alquiler público (vivienda social), mientras que para aquellos con más de 3.000 euros habría que tener un plan de ayudas enfocado a facilitar el salto al mercado de compraventa mediante avales a la entrada o desgravaciones fiscales, que afectaría a 486.000 unidades en los próximos diez años.