Estos son algunos de los requisitos legales que el Gobierno plasmará en el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, el cual sale publicado para audiencia pública este mismo miércoles o en los próximos días.

Precisamente, el Consejo de Ministros autorizó este martes a que esta norma, que no tendrá que ser votada en el Parlamento, se pueda tramitar por la vía de urgencia lo que, según fuentes gubernamentales, puede acortar los tiempos a la mitad para que el decreto sea una realidad.

Para asegurar la contribución de los centros de datos a la resiliencia y la soberanía digital de la economía española y europea, la propuesta de decreto exige que quien opere la infraestructura esté establecido en la UE, que los datos, metadatos y registros que trate como parte de la operación del centro permanezcan en el territorio comunitario; y que se controlen de forma efectiva los accesos desde terceros países.

Además, fuentes del Ejecutivo dejaron claro que los datos relativos a las administraciones públicas y los que tengan relación con la seguridad nacional, no se podrán compartir, en ningún caso, con países externos a la UE. La vulneración de estas obligaciones puede derivar, en última instancia, en la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.

SOSTENIBILIDAD

Habida cuenta de las grandes necesidades de agua y de energía de los centros de datos, el proyecto normativo dispone que cumplan con los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica del etiquetado europeo relativo a los centros de datos, que actualmente está siendo desarrollado por la Comisión Europea en cumplimiento de la Directiva (UE) 2023/1791 de Eficiencia Energética.

Dicho etiquetado se incluye en el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2027. La propuesta de decreto prevé que a partir de ese momento sea exigible el mayor nivel de la norma europea, la categoría A, tanto para la eficiencia energética como para la eficiencia hídrica. Eso sí, hasta que esto ocurra, se fijan esos mismos niveles, ya recogidos en el borrador del reglamento.

Además, al igual que ya sucede con la producción de combustibles renovables de origen no biológico o con la producción de hidrógeno de origen renovable, el proyecto regulatorio introduce la exigencia de que los centros de datos consuman energía renovable, que deberá ser como mínimo del 80% hasta que la generación renovable se sitúe por encima del 90% del mix eléctrico.

Este consumo, con arreglo al proyecto, deberá ser adicional, es decir, cada nuevo megavatio consumido deberá venir acompañado de un nuevo megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro, ya sea mediante autoconsumo o mediante contratos a plazo (PPA). Este abastecimiento se acreditará hora a hora, es decir, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá ser energía renovable generada esa misma hora.

El objetivo, según explicaron desde el Gobierno, es impedir que los centros de datos acaparen energía renovable ya en el mercado y que desplacen a otros operadores de sectores diferentes que ya se abastecen con fuentes limpias.

Los proyectos de centros de datos que quieran acceder a la red eléctrica deberán acreditar el cumplimiento de estos requisitos para obtener los derechos de acceso y conexión. Su incumplimiento acarreará penalizaciones crecientes en los importes que correspondan en cargos y peajes y, en última instancia, la pérdida del propio derecho de acceso. Con estos recargos se compensará el sobrecoste que el incumplimiento de las obligaciones de adicionalidad y correlación horaria de consumo de renovables pudiera repercutir sobre el sistema y, por tanto, sobre las facturas de electricidad.

Los proyectos de centro de datos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento –tres meses si están a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica– o renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las correspondientes garantías.

Adicionalmente, todos los centros de datos mayores de 500 kW deberán remitir al Ministerio de Transición Ecológica los datos relativos a su eficiencia energética y su sostenibilidad para su publicación con carácter anual. Los mayores de 1 MW, además, deberán incluir si cumplen las mejores prácticas de la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos y detallar de qué manera lo hacen.

EXPECTATIVAS SUPERADAS

Este texto, impulsado por tres ministerios (Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía), pretende demostrar que el Gobierno no rechaza la implantación de centros de datos, puesto que lo ve clave para la economía actual y del futuro. Lo que ocurre, precisaron las mismas fuentes, es que España quiere los mejores centros, los más eficientes, los más modernos, los que consuman menos agua y con soberanía tecnológica.

España cuenta con una Estrategia de Inteligencia Artificial, que estima unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, que necesitarían de 3,5 GW a 4 GW de demanda eléctrica. Sin embargo, las peticiones y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones superan varias veces ese objetivo, por la estratégica ubicación geográfica del país, su clima y su liderazgo en energías renovables: ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica desde 2021.

En consecuencia, desde el Gobierno presumen de que se han superado ya las expectativas iniciales y de que España es un país atractivo para este tipo de inversiones que, a su juicio, se deben realizar con las garantías necesarias para que sean sostenibles.