Así lo expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado en el que el Ejecutivo también reiteró “la necesidad perentoria de respetar el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y de garantizar la protección de la población civil”.

España ha alzado la voz en varias ocasiones contra el desplazamiento forzoso de la población palestina en el interior de la Franja de Gaza desde el comienzo de la ofensiva israelí contra Hamás, a raíz de los ataques terroristas del 7 de octubre. Además, se ha posicionado en numerosas ocasiones contra la reiterada ampliación de los asentamientos de colonos israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania.

Cabe recordar que, según el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, los traslados forzosos individuales o masivos, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidos, independientemente de su motivo.

Al respecto, el Estatuto de la Corte Penal Internacional se refiere a “la deportación o el traslado" por la potencia ocupante "de toda o parte de la población del territorio ocupado dentro o fuera de este territorio” como un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales.