La reducción afecta a todos los tipos de demanda, pero las cifras varían de unas a otras: en 2023 se registraron 52.803 divorcios consensuados, un 4,2% menos que el año anterior; los divorcios no consensuados, 36.082, apenas variaron, siendo la reducción del 0,5%; las separaciones consensuadas, 2.369, bajaron un 8,2 %, y las no consensuadas, 1.039, un 11,5%. Las nulidades pasaron de ser 65 en 2022 a 50 en 2023.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2023, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 192,1.

Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Canarias, con 247,3 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Comunidad Valenciana, con 223,1; Baleares, con 213,9; Murcia, con 204,3; Andalucía, con 198,9; Castilla–La Mancha, con 195,7 y Cataluña, con 194,9.

Las tasas más bajas, se dieron en el País Vasco, con 157,3 demandas por cada 100.000 habitantes; Castilla y León, con 158,2; Madrid, con 160,9; Extremadura, con 179,4 y Cantabria, con 184,7.

En 2023 se presentaron 12.485 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 1,6% menos que en el año anterior. También se redujo el número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 31.548, un 2,2% inferior al dato de 2022.

Por el contrario, las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 22.273, cifra que representa un ligero incremento, situado en el 0,9%, y las no consensuadas, que sumaron 27.280, aumentaron un 3,1% respecto a 2022.