Según destacó el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado este jueves, la OCDE ha publicado el informe bienal sobre integridad y anticorrupción de la OCDE, acompañado de la ficha-país correspondiente a España.

El organismo destaca especialmente la consideración del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y el Anteproyecto de Ley que lo implementará como primera estrategia integral admitida por la OCDE, el alto rendimiento y ejecución en la gestión de conflictos de intereses, y como elementos de mejora señala la aprobación final de la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en trámite parlamentario.

El informe indica que España obtiene un nivel de cumplimiento del 53% en el marco regulatorio sobre estrategia y un 17% en su implementación, cuando las medias son del 38% y 32%.

En conflictos de intereses, España obtiene un 89% de cumplimiento, tanto en marco regulatorio como en la práctica, muy por encima del 80% y 43% de media OCDE.

En acceso a la información pública, las puntuaciones son del 89% en normativa y 81% en la práctica, frente a un 72% y 62% en la OCDE.

Respecto a los grupos de interés, España cumple un 40% en lo que se refiere al marco regulatorio y un 0% en la práctica (frente a 43% y 38% como medias OCDE), debido a la aprobación pendiente de la ley de lobbies.

En financiación de partidos políticos, queda por debajo de la media, pues obtiene un 70% en marco regulatorio y 43% en la práctica, frente a 76% y 58% en la OCDE. Se valora que el marco regulatorio establece sanciones y prohíbe las contribuciones a partidos políticos de empresas de titularidad pública, empresas extranjeras y Estados extranjeros. Además, todos los partidos políticos deben reportar sobre sus finanzas durante las campañas electorales y hacer públicos los informes financieros.

En integridad judicial, España obtiene un 88% en materia regulatoria y 64% en la práctica, comparado con un 66% y 45% en la OCDE.

En cuanto a la integración del Ministerio Fiscal, España también supera la media con un 76% en ámbito normativo y 74% en la práctica, comparado con un 66% y 52%. Se entienden como medidas especialmente positivas la adopción del Código Ético del Ministerio Fiscal, así como el establecimiento de un canal interno de denuncias.

En sistema disciplinario, España obtiene un 92% en marco regulatorio y 17% en implementación práctica, frente la media OCDE de 66% y 22%. Se indica como espacio de mejora la elaboración y publicación de guías y manuales estandarizados sobre la conducción de procedimientos disciplinarios en la Administración General del Estado.