El convenio, firmado por el ministro de Justicia el 13 de noviembre de 1991 a la espera de que fuera aprobado por el Gobierno, es complementario del Convenio del Consejo de Europa sobre elvalor internacional de las sentencias penales (firmado por España en 1984) y el de traslado de personas condenadas.

Los requisitos que un reo debe cumplir para que le trasladen desde cualquier país de la CE a España son que la sentencia sea firme, que la sanción no haya prescrito conforme a la ley del Estado que condena ni a la ley del Estado español y que no exista en España una sentencia firme contra el preso por los mismos hechos que fue condenado en el otro país.