Según informó este miércoles la patronal, la congelación del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) aplicado al gasóleo hará que su precio permanezca previsiblemente sin cambios, mientras que la rebaja de 15 céntimos prevista para la gasolina tardará en trasladarse a los surtidores.

CEEES mostró su “profundo malestar” con las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 25/2026, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, y consideró que el paquete fiscal no ofrece una respuesta suficiente al incremento de los costes energéticos.

En concreto, la organización explicó que el impuesto aplicado al gasóleo de automoción no variará desde mañana, por lo que prevé que tampoco lo haga su precio de venta al público. Además, destacó que este carburante registra un volumen de ventas tres veces superior al de la gasolina.

En el caso de la gasolina, CEEES señaló que la rebaja de 15 céntimos en el IEH se aplicará únicamente a las adquisiciones que las estaciones de servicio realicen a partir de mañana, por lo que su efecto no será inmediato para los consumidores.

A ello se suma, según la patronal, la menor rotación de la gasolina y la evolución de su cotización internacional. CEEES advirtió de que un nuevo encarecimiento de la materia prima podría absorber total o parcialmente el incentivo fiscal.

ELECTRICIDAD Y GAS

La patronal denunció además un “agravio comparativo” respecto a otras fuentes de energía, ya que el decreto contempla reducir del 21% al 10% el IVA de la electricidad y el gas si sus respectivos IPC superan el 15% en septiembre.

“No tiene ningún sentido que el Consejo de Ministros no haya adoptado esta misma medida para los combustibles de automoción, tal y como hizo en primavera”, afirmó el presidente de CEEES, Javier de Antonio.

La organización cuestionó también las cláusulas de salvaguarda vinculadas a la evolución del IPC, que permitirán elevar las bonificaciones en el IEH cuando la inflación de los carburantes alcance determinados niveles.

CEEES criticó que el diseño de estas cláusulas provoque un desfase de alrededor de seis semanas entre la subida de los precios y la aplicación del alivio fiscal. Así, un repunte registrado en septiembre no tendría efecto en las bonificaciones hasta noviembre, mientras que uno producido en octubre podría retrasar su aplicación hasta diciembre.

“Volvemos a tropezar con el mismo problema que ya padecimos durante los meses de verano: el alivio en el precio, si es que llega a producirse, llega demasiado tarde para el bolsillo del usuario final”, lamentó De Antonio.