El informe analiza el gasto en las grandes rúbricas de la protección social del Estado: pensiones (contributivas y no contributivas), prestaciones por desempleo (incluyendo el subsidio agrario del REASS), ayudas familiares por hijo a cargo, y prestaciones personales con minusvalías al amparo de la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos).

Teniendo todo eso en cuenta, los que más dinero reciben en prestaciones sociales son los asturianos (223,11 euros por persona y mes), los vascos (187,61 euros mensuales), los cántabros (164,06 euros), los catalanes (159,13 euros), los gallegos (155,97 euros), los castellano-leoneses (155,34 euros), los aragoneses (153,16 euros) y los navarros (147,88 euros).

Por debajo de la media nacional figuran La Rioja (138,06), Extremadura (133,01 euros), Andalucía (129,13), Comunidad Valenciana (123,34 euros), Castilla-La Mancha (119,16), Baleares (109,33), Murcia (109,10), Canarias (105,08), Ceuta (94,92 euros) y Melilla (92,31 euros).

El núcleo central de las prestaciones sociales que paga el Estado, y que tienen un efecto redistributivo de la riqueza, corresponde a las pensiones contributivas, que representan el 80% del gasto, y a las prestaciones de desempleo, que suponen un 16,7%.

GRANDES DIFERENCIAS

Los técnicos de la Seguridad Social señalan que, "si observamos la tabla comparativa del gasto global en protección social en las distintas comunidades autónomas, apreciamos una distribución muy heterogénea del mismo cuando se toma como referencia base el gasto en España por persona y mes".

"Así, haciendo España igual a 100, el índice muestra una amplia horquilla de distribución que va desde Asturias (158) hasta Melilla (65). Estos indices traducen el diferente coste por persona y mes en protección social; mientras en Asturias éste es de 223,1 euros, en Melilla es algo menos de la mitad: 92,31 euros".

Mensualmente, casi diez millones de personas reciben alguna prestación social del Estado. El pasado mes de julio, el Estado pagó 7.959.933 pensiones contributivas, 483.114 pensiones no contributivas, 71.523 prestaciones de la LISMI, 1.275.216 prestaciones de desempleo y 144.953 prestaciones familiares por hijo a cargo.

Las prestaciones sociales del Estado son un factor de redistribución de la riqueza y de atención a las comunidades con poblaciones más envejecidas, que reciben más pensiones de jubilación, por ejemplo.

El importe de las prestaciones no responde a ningún criterio regional, puesto que se calculan generalmente en función del historial de cotización (a la pensión o al desempleo) de cada beneficiario o a otros supuestos previstos en la ley. Caso aparte son las transferencias puramente asistenciales, cuyo número es significativo, pero que representan un porcentaje menor del gasto total en prestaciones sociales.