La HSI es una agencia oficial de Estados Unidos que se encarga de investigaciones complejas sobre organizaciones criminales transnacionales. Sus responsables entregaron la información obtenida del volcado del móvil de Reyes a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional.

Este era hasta hace seis meses propietario de un significativo paquete de acciones de Plus Ultra a través de la empresa Snip Aviation. Vive en Madrid y su domicilio fue registrado en noviembre pasado.

El auto recoge numerosas conversaciones mantenidas entre el empresario y otras personas en las que hay referencias al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En una de ellas, de marzo de 2020, se pregunta si sería posible contactar con Zapatero y plantea: "Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas Ayudas públicas y/o mandamiento“.

A lo que su interlocutor le responde: ”Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín". De esta conversación, el instructor juez concluye que se “admite la posibilidad de realizar pagos para ello”.

Además, el juez dedica atención a la labor de las secretarias de Zapatero en la trama y considera que dieron “cobertura formal y documental” a su actividad ilícita.

El magistrado deduce de los emails intervenidos al empresario Julio Martínez que Zapatero ordenaba gestiones y daba directrices a través de sus empleadas María Gertrudis Alcázar Jiménez y Judith Laure Wells Sutton. Ambas “dan cobertura formal y documental a su ilícita actividad” desde la oficina del expresidente de la calle Ferraz, asegura el auto.

El juez considera que, a través de Alcázar, el expresidente impartió instrucciones para crear la sociedad de Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), con un plan de negocio que preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años.

Calama cree que la proximidad en el tiempo entre la fecha en que se constituyó la sociedad en Dubái y la firma del contrato por el que Idetla cobraría un 1% del rescate de Plus Ultra, “sin constancia del pago en España”, refuerza la hipótesis de que la idea era recibir esos fondos en el extranjero.