La queja del sindicato fue registrada en octubre de 2024, en la que se alegaban incumplimientos de varios artículos de la Carta Social Europea.

A juicio del sindicato, “debido a la escasez de vivienda social y a los altos precios en el mercado privado, el acceso asequible a una vivienda digna o adecuada no está garantizado para una parte significativa de la población española”.

Esto afecta especialmente, según el sindicato, a los trabajadores de grupos vulnerables como los jóvenes, los trabajadores con bajos salarios y las personas migrantes.

En particular, UGT alega que el marco jurídico y político relativo al derecho a la vivienda es inadecuado, ya que el acceso a la misma se formula simplemente como un principio rector de la política social y económica, en lugar de un derecho genuino y justiciable. UGT considera que el plazo de 20 años para alcanzar un parque mínimo de vivienda pública para las políticas sociales, establecido en la ley, es irrazonable y carece de objetivos inmediatos mensurables. El CEDS declaró admisible la denuncia por unanimidad el 4 de diciembre de 2025.

UGT, cuando anunció la demanda, ya tildó de "pobre" y "poco ambicioso" el propósito de alcanzar un 20% de vivienda protegida en un lapso de 20 años. "No podemos esperar 20 años", recordó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien puso sobre la mesa el hecho de que los jóvenes españoles retrasan su edad de emancipación más allá de los 31 años o el dato de que el importe mediano de un alquiler es de 950 euros, mientras que el salario mínimo es de 1.150 euros.