El nueve de noviembre de 1990, según relata el periódico Canarias 7, Olmos presentó ante el Gobierno Militar de Las Palmas un escrito en el que solicitaba "ser eximido del servicio militar en tanto las mujeres no tuviesen la obligación e hacer la mili". Como el Gobernador militar dijo que no, decidió emprender un recurso contencioso administrativo.

En julio del año pasado, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Canarias se pronunció en contra alegando que no se podía confundir, "el derecho con el deber de defender a España", añadiendo que "en el hipotético caso de que el poder legislativo hubiera vulnerado la Constitución por el hecho de no regular el servicio militar de la mujer, seguiría el hombre obligao a cumplir la citada ley".

Una vez ya hecha la mili, Eduardo Olmos ha decidido continuar con su lucha interponiendo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo porque quiere ver "si se puede cambiar algo en este país, porque lo que subyace en esta lucha es la derogación del ejército de reemplazo y la reestructuración del servicio militar a favor de un ejército profesional y voluntario".