En la presentación del informe se destacó la desigualdad existente en España en la prestación sanitaria a las personas migrantes. Y ello debido a las variaciones que cada territorio realiza de la interpretación y aplicación del Real Decreto Ley 7/2018, que regula la asistencia sanitaria universal, lo que genera barreras administrativas.

Este estudio, que se presentó en el III Foro del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, forma parte de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica y pretende avanzar hacia un sistema sociosanitario más inclusivo, coordinado y eficaz para la población migrante.

De hecho, la migración internacional es uno de los fenómenos más relevantes del siglo XXI y se vio intensificado por la globalización, los conflictos armados, las crisis económicas y el cambio climático.

20% DE LA POBLACIÓN

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2020 había 280 millones de migrantes internacionales en el mundo, en torno al 3,6% de la población global. En 2024, la cifra ascendió a casi 304 millones, el 3,7%, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En España, en julio de 2025, el número de personas nacidas fuera del país se cuantificó en casi un 20% de los residentes.

El informe señaló que el bienestar físico y mental de este colectivo y el derecho a una atención sanitaria y sociosanitaria son cuestiones de justicia social y un elemento clave para la sostenibilidad de los servicios esenciales que sostienen a toda la sociedad.

Además, su salud impacta directamente en la salud colectiva, en la capacidad del sistema sanitario para funcionar y en la calidad de los cuidados, tal y como se recoge en el informe ‘La atención sanitaria y sociosanitaria a las personas migrantes en España: acceso, coordinación y equidad’.

El III Foro del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica fue inaugurado por el director comercial de Negocios de CaixaBank, Antonio Rodríguez, , y clausurado por el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, junto con la jefa de Misión de la OIM, la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones, María Jesús Herrera.

SISTEMA EQUITATIVO

En su intervención, Jesús Aguilar señaló que “la migración forma parte de nuestra realidad presente y futura. Y si queremos un sistema equitativo y sostenible, tenemos que garantizar el acceso efectivo e igualitario a la atención sanitaria”.

En este contexto, remarcó que “la farmacia comunitaria desempeña un papel especialmente relevante: acompaña a las personas, detecta necesidades y mejora la continuidad asistencial”.

“Cuidar la salud no es solo atender enfermedades, sino comprender contextos, reducir desigualdades y acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, independientemente de su origen o de su trayectoria. Ese es el compromiso de la farmacia”, continuó.

En cuanto al informe, destacó que “es un trabajo que nos ha invitado a deliberar sobre cómo garantizar sistemas de salud más inclusivos y mejor preparados para responder a las realidades de una sociedad diversa y en constante transformación”.

PROCESO DE INCLUSIÓN

Por su parte, Herrera manifestó que "para la OIM es esencial que en los enfoques de desarrollo la salud se sitúe en el centro de los procesos de inclusión de las personas migrantes. La salud debe de ser siempre un elemento transversal en el contexto de las migraciones y no abordarse de forma puntual o aislada”.

Ante esta realidad, en el acto de presentación del informe también se dio a conocer un decálogo de recomendaciones para un acceso equitativo a la atención sanitaria.

Entre ellas, destacaron armonizar la normativa de acceso a la atención sanitaria y a los servicios sociosanitarios, establecer políticas y protocolos que garanticen las buenas prácticas para una asistencia sin discriminación, reforzar la coordinación y la continuidad en la atención y potenciar la farmacia comunitaria como agente sanitario y sociosanitario de proximidad.

Junto a ellas, detectar tempranamente necesidades complejas, simplificar y agilizar los procedimientos de acceso a la asistencia, fortalecer la formación y competencias interculturales de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, incorporar a mediadores interculturales e intérpretes como personal estructural, integrar la participación comunitaria y de la sociedad civil y asegurar financiación estable y planificación estratégica a largo plazo.