Unos 40.000 sordomudos valencianos se beneficiarán de esta iniciativa que realiza el Instituto Valenciano de Administración Pública en dos fases.

La primera, ahora en ejecucción, analiza los problemas legislativos y las leyes que habría que rectificar para atender las necesidades de este colectivo. La segunda fase servirá para elaborar un censo de sordomudos en la comunidd autónoma especificando los diferentes tipos de minusvalías.

El consejero de Administración Pública declaró al final de un encuentro con miembros de la Federación Valenciana de Sordomudos para valorar estos programas que "el acceso de estos minusválidos a todos sus derechos no debe limitarse a una sola ley, sino que hay que eliminar todas las barreras legislativas a un tiempo".