En un auto hecho público la semana pasada, Garzón argumenta que estos cuatro imputados, Juan María Mendizábal Alberdi, Eduardo Konde Rekondo, Erramún Osa Ibarzola y Angel María Olade Arrieta han podido incurrir en un delito de integración en la organización terrorista ETA-KAS, dado que, "perteneciendo a KAS, han formado parte de los Consejos de Administración de AEK entre 1992 y 1998.

Con el mismo argumento, imputa a otras tres personas más un delito de colaboración con la organización terrorista ETA-KAS. Se trata de María Goienetxea Garmendia, María Victoria Armendáriz Iraola y Angel María Hermosilla Bermejo, que están citados para el próximo 15 de diciembre.

Garzón considera que "su actuación no es ajena a la actividad desarrollada en el ámbito de la organización criminal de ETA-KAS" y sostiene que estos imputados "desarrollan a través de AEK toda la dinámica relacionada cn la enseñanza del euskera en el ámbito del frente cultural y de masas [...] como instrumento esencial para la construcción del llamado 'Estado Paralelo' al español, para deslegitimarlo y subvertirlo".

A juicio del magistrado, AEK "responde al criterio establecido en la ponencia `Karramarro` (cangrejo) de 1994", en la que ETA-KAS asume el proyecto de desobediencia civil para "hacer frente continuamente a la opresión española y francesa", y propone también desarrollar la "insumisión fiscal" de los vascs

Según el juez Garzón, la actividad de estas personas en AEK "contribuye de forma eficaz a la consecución del único fin que persigue la organización terrorista a través de la violencia, la 'Alternativa Democrática', independencia y autodeterminación de Euskal Herría".

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, AEK, como su sociedad instrumental Galgaraka S.L., han estado integradas en ETA-KAS al menos hasta 1998, "tanto en la estructura criminal de la oganización terrorista [...] como en el frente o entramado económico y financiero".

Además, sostiene que AEK y su instrumental "han estado controladas por miembros liberados de KAS e insertadas en sus órganos directivos", al tiempo que la coordinadora de alfabetización en euskera "ha contribuido a la financiación de otras estructuras de la organización ETA-KAS".

En este sentido, Garzón cree que AEK ha prestado ayuda para financiar el Grupo Editorial Orain-Egin, Jarrai, la revista de KAS, "Ezpala"los sueldos de los liberados de esta coordinadora radical, entre quienes se encuentran el portavoz de Euskal Herritarrok (EH) Arnaldo Otegi y Xabier Alegría, uno de los imputados hoy.

FRAUDE

Por otra parte, el juez Garzón imputa a otros 12 miembros de AEK delitos de defraudación contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública. Se trata de Juan María Larrate Telletxea, Elena Etxalar Martínez, Luis Javier Ugalde Ulias, Iñaki Lasa Ustariz, Olatz Arkotxa Garate, Itxaso Ojeda Errasti, Félix Góme Fernández, Jesús María Zalakaín Garaikoetxea, Xabier Alegría Loinaz, María Teresa Mendiburu Zabarte, Juan Ramón Aranguren Mendizábal y Manuel Intxauspe Vergara.

Los cinco primeros deberán comparecer ante Garzón el próximo 1 de diciembre, mientras que los 7 imputados restantes están citados para el 4 de diciembre.

A su juicio, esta coordinadora de alfabetización en euskera ha defraudado presuntamente 1.149.240.101 pesetas a la Seguridad Social desde su constitución en 1982 hasta 1999, "a pesar delo cual ha recibido sin problemas las subvenciones públicas que le han ayudado de forma sustancial e imprescindible a continuar su actividad".

Asimismo, sostiene que la instrumental de AEK, Galgaraka S.L., ha defraudado las cuotas de IVA correspondientes a los años 1996, 1997, 1998 y 1999 por un importe de 340.199.665 pesetas.

Además, el juez Garzón decreta la administración judicial de AEK y de Galgaraka S.L., medida que "no se extenderá a los aspectos relacionados con los contenidos educativos ue actualmente desarrolla" la mencionada coordinadora de alfabetización en eukera. No obstante, les impone una fianza de responsabilidad civil por valor de 1.309.920.028 pesetas.

ETA-EKIN

Garzón investiga a AEK dentro del "caso Egin", instrucción que también dio lugar al desmantelamiento de la estructura política de ETA-EKIN.

Según el juez, EKIN son las siglas adoptadas por el entramado orgánico de KAS, tras la criminalización mediante auto dictado en el año 1998 por el juez Garzón. Con este auo, KAS fue declarada ilegal, demostrándose que formaba junto a ETA la misma estructura criminal, con un reparto de funciones completamentarias que posibilitaban su "estrategia político-militar".

Así, EKIN constituye parte del núcleo responsable de la nueva estructura de la banda terrorista, tras su reorganización durante la tregua, según el Ministerio de Interior.