De acuerdo con las fuentes cnsultadas, en ningún caso se está realizando una selección de cargos públicos que por su mayor rango político puedan beneficiarse de la autorización para portar un arma, en perjuicio de otros demandantes que ostentan responsabilidades menores.

En este sentido, las fuentes explicaron que el procedimiento de evaluación que se sigue para la concesión o no de un permiso de arma a los políticos del PP que lo hayan solicitado es el mismo que hay establecido para el resto de ciudadanos: se evalúan las circuntancias del riesgo y las necesidades y se decide en consecuencia.

La Guardia Civil es el cuerpo policial responsable de llevar a cabo el estudio pertinente en cada caso y de autorizar o denegar, finalmente, la concesión del permiso solicitado.