En declaraciones a Servimedia, Comas aseguró que todos las personas investigadas por la Justicia, incluso las que se sospecha que tienen relación con ETA, tienen derecho a que las resoluciones judiciales que les afectan "puedan ser revisadas por un órgano colegiado superior".

La portavoz de JpD lamentó que "nos encontremos nuevamente ante un plante gubernamental", al haberse mostrado crítco el Ejecutivo con una resolución "que es firme y que le vincula".

Destacó que el Gobierno se aparta con este tipo de reacciones "de lo que dispone la Constitución, que obliga a todos los ciudadanos y a los poderes públicos a cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes".

Recordó, por último, al Ejecutivo que la eficacia de la lucha contra ETA "tiene como límite la legalidad", y que en un Estado de derecho "son los tribunales quienes tienen la última palabra en la interpretación y aplicacin de las leyes".