Según datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo recogidos por Servimedia, el Estado se hizo cargo del pago de esta deuda en aplicación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas.

Esta normativa reserva al Estado la posibilidad de reclamar a los terroristas el dinero adelantado a las víctimas. En el caso del etarra De Juana, éste participó en 25 asesinatos, crímenes por los que el Estado ya adelantó indemnizaciones.

En este sentido, según los datos de la Fundación de Víctimas, De Juana debe más de cinco millones de euros en indemnizaciones sólo por los atentados de la plaza de la República Dominicana de Madrid (1986); de la plaza de la República Argentina de Madrid (1985); y en la calle Jorge Juan (1986), también en la capital de España.

En concreto, por el atentado con coche-bomba de abril de 1986 en los cruces de las calles Jorge Juan y Príncipe de Vergara de Madrid, en el que resultaron muertos cinco guardias civiles, se condenó a De Juana a pagar una indemnización de algo más de dos millones de euros (unos 350 millones de pesetas).

La sentencia por el atentado con coche-bomba de la plaza de la República Argentina, en el que resultó muerta una persona, condenaba a este etarra al pago de un millón y medio de euros, es decir, 258 millones de pesetas.

A su vez, en el atentado de la plaza de la República Dominicana, con un balance de 12 guardias civiles muertos, las indemnizaciones a pagar por De Juana ascendían a 1.658.793 euros.