La Eurocámara aprobó el paquete con 382 votos a favor, 249 en contra y 13 abstenciones. Las negociaciones con los gobiernos de la UE, que ya adoptaron su posición sobre el tema, comenzarán el próximo 18 de noviembre con el propósito de culminar la tramitación comunitaria antes de que acabe 2025.

Ese primer paquete ‘ómnibus’ rebaja la burocracia administrativa e incrementa la competitividad de las empresas de la UE en el mundo, con el que el 92% de las empresas ahora obligadas a elaborar informes de sostenibilidad ya no tendrán que realizarlos y ese requisito se ceñirá a las grandes compañías.

Los eurodiputados consideran que solo las empresas con una plantilla media superior a 1.750 empleados y una facturación anual neta superior a 450 millones de euros deberían estar obligadas a presentar informes sociales y medioambientales.

Únicamente estas empresas también estarían obligadas a proporcionar informes de sostenibilidad conforme a las normas taxonómicas, es decir, una clasificación de inversiones sostenibles.

Los estándares de información se simplificarían y reducirían aún más con menos detalles cualitativos, y la información sectorial pasaría a ser voluntaria.

Las pequeñas empresas estarían protegidas de los requisitos de información de sus grandes socios comerciales, a quienes no se les permitiría solicitar más información que la establecida en los estándares voluntarios.

DILIGENCIA DEBIDA

Por otro lado, los requisitos de diligencia debida se aplicarían solo a las grandes corporaciones con más de 5.000 empleados y una facturación anual neta superior a 1.500 millones de euros.

Los eurodiputados desean que estas empresas adopten un enfoque basado en el riesgo para supervisar e identificar su impacto negativo en las personas y el planeta. En lugar de solicitar información a sus socios comerciales más pequeños, deberían basarse en la ya disponible y solo podrían solicitar información adicional a estos últimos como último recurso.

Estas empresas ya no tendrían que elaborar un plan de transición para adaptar su modelo de negocio al Acuerdo de París y podrían enfrentarse a multas por incumplir los requisitos de diligencia debida, cuyas directrices serán facilitadas por la Comisión Europea y los países comunitarios.

Las empresas infractoras serían responsables en el ámbito nacional, no de la UE, y tendrían que indemnizar íntegramente a sus víctimas por los daños sufridos.

Los eurodiputados también quieren que la Comisión establezca un portal digital para empresas con acceso gratuito a plantillas, directrices e información sobre todos los requisitos de información de la UE, que complemente el Punto Único de Acceso Europeo.

NUEVA MAYORÍA

El texto se aprobó gracias al apoyo de los grupos de extrema derecha a la propuesta del Partido Popular Europeo (PPE). La posición adoptada reduce el número de empresas que deben cumplir estas normas y elimina la obligación de que implementen planes obligatorios de transición climática.

Esta es la primera vez que esta nueva mayoría de extrema derecha y conservadora, en lugar de los partidos proeuropeos tradicionales, votan conjuntamente para adoptar un expediente legislativo. Hasta ahora, solo habían aprobado resoluciones no vinculantes, no un texto destinado a negociaciones tripartitas.

Antes de la votación, más de 100 académicos y abogados especializados en derecho advirtieron de que ‘Ómnibus I’ infringe la legislación de la UE y alertaron sobre el “peligroso precedente” que la nueva metodología sienta para el Estado de Derecho europeo.

"Es una ilusión votar a favor de un objetivo climático para 2040 y, al mismo tiempo, eliminar las obligaciones que permitirían a las empresas actuar en consecuencia. La decisión de descartar los planes de transición es un regalo para las empresas más contaminantes y un golpe directo a todas las empresas que intentan planificar el futuro”, según Tsvetelina Kuzmanova, responsable de políticas financieras sostenibles de la UE en el Instituto de Cambridge para el Liderazgo en Sostenibilidad (Reino Unido).

Kuzmanova añadió: “Alinearse con la extrema derecha es una señal de que el centro proeuropeo está perdiendo la confianza en su propio proyecto, y las consecuencias para los objetivos climáticos y el liderazgo económico de Europa se sentirán durante años".

“MANIOBRA POLÍTICA DELIBERADA”

Alberto Alemanno, profesor Jean Monnet de Derecho de la UE en HEC París (Francia), subrayó que la votación de este jueves “redefine la mayoría política que gobernará Europa desde ahora hasta 2029”. “A partir de hoy, la mayoría política de Von der Leyen será solo la derecha y la extrema derecha, con repercusiones devastadoras para la economía, la sociedad y los cimientos democráticos de la UE, lo que permitirá a la Administración estadounidense redoblar su influencia sobre la UE", destacó Alemanno.

Andreas Rasche, vicedecano de la Escuela de Negocios de Copenhague (Dinamarca), recalcó que la decisión de este jueves es “el resultado de una maniobra política deliberada y de un enfoque imprudente del PPE del tipo ‘lo toma o lo deja’”.

“Como resultado, el 92% de las empresas europeas ya no estarán obligadas a divulgar información sobre sostenibilidad. Esto supone un grave revés para la transparencia y la rendición de cuentas y deja a los inversores a ciegas en un momento en el que los datos fiables son más importantes que nunca”, concluyó.