Este era uno de los puntos espinosos que se discutían en el curso de la Conferencia y que, según fuentes diplomátcas españolas, está consensuado y cerrado por parte de las delegaciones.

En virtud de este compromiso los países del sur se hacen "conscientes de su responsabilidad de readmitir a estas personas" para lo cual será necesario desarrollar acuerdos bilaterales entre los países afectados.

Ambas partes reconocen la importancia que supone la inmigración en el ámbito de las relaciones bilaterales, por lo que se produjo el acuerdo para "reducir las presiones migratorias".

A cambio existe un compromis de los países del norte del Mediterráneo de impulsar políticas apropiadas para acelerar el despegue económico de los países del sur.

Se reconocerán asimismo los derechos de todos los emigrantes a residir legalmente en cualquier otro Estado. También en el capítulo social en el que se incribe el apartado de inmigración, los asistentes se comprometieron a encauzar una lucha "conjunta" contra el tráfico de drogas, el crimen organizado y la corrupción.

Las delegaciones están de acuerdo también en potnciar políticas contrarias al desarrollo del racismo, la xenofobia y la intolerancia.

Se calcula que en la Unión Europea viven 11 millones de inmigrantes no comunitarios que suponen el 3% de la población total de la Unión. A ellos habría que añadir casi un millón y medio más que viven ilegalmente en esos países.

Queda aún por consensuar los términos en que la declaración de Barcelona se referirá al terrorismo, la autodeterminación y la desnuclearización de la zona.