Según explicó el eurodiputado del partido político neerlandés VVD (Partido Popular) Bajos Malik Azmani en una rueda de prensa este martes, la reforma también incluye la fijación de un plazo máximo de 12 meses para la plena implementación y nuevas herramientas para acelerar las expulsiones, en un contexto en el que solo el “28%” de los retornos se ejecuta actualmente.

El nuevo acuerdo permitirá también, en alguno supuestos, la detención de ciudadanos extracomunitarios en situación irregular durante un máximo de hasta dos años, con el objetivo de garantizar la ejecución efectiva de las expulsiones y reforzar la eficacia del sistema.

El acuerdo refleja un giro hacia una política migratoria europea más contundente y con mayor énfasis en la dimensión exterior, buscando aumentar las tasas de retorno y reforzar la “credibilidad” del sistema europeo.

Malik Azmani defendió que esta reforma era “necesaria” tras casi dos décadas sin cambios. Asimismo, subrayó que las normas vigentes estaban “pendientes de reforma” desde 2008 y que la baja efectividad del sistema actual -refiriéndose al citado al “28% de los solicitantes de asilo rechazados son realmente devueltos”- hace la situación “profundamente preocupante”.

En este sentido, Azmani señaló que este bajo porcentaje “socava la confianza pública” y perjudica tanto a los refugiados que necesitan protección como a la migración legal. Por ello, insistió en que “Europa también debe responder a sus ciudadanos” y apostar por un sistema de retorno “eficaz, justo y aplicable”.

Este acuerdo, que tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo y luego deberá ser aprobado por el Consejo, expone que la decisión de retorno emitida por autoridades nacionales competentes a una persona extracomunitaria irregular conllevará la obligación de abandonar el país de la UE en cuestión de inmediato o en un plazo determinado.

Las nuevas normas que recoge este acuerdo también permitirán la posibilidad de traslados, con excepción de los menores no acompañados, a un país que acepte acoger a la persona en los centros de retorno.

Dichos acuerdos solo podrán celebrarse con terceros países que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución, y los Estados miembros de la UE deberán informar a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de que los acuerdos entren en vigor.

Las decisiones de retorno se incluirían en una “orden de retorno europea” y estarían disponibles, a través del sistema de información Schengen, en todo el espacio Schengen.

La Comisión evaluará en un plazo de dos años si el sistema funciona eficazmente y podrá proponer nuevas normas, incluido el reconocimiento obligatorio de las decisiones de retorno en toda la UE.

El reglamento entrará en vigor en los próximos meses, en caso de ser ratificado, lo cual se espera que ocurra gracias a los votos de los partidos de derecha política.