Según informó la representación de la Comisión Europea en España, el ciclo anual también ofrece una visión global de la situación de la migración en la UE y propone un contingente anual de solidaridad, que será adoptado por el Consejo.

La puesta en marcha del ciclo anual es un “hito clave” para garantizar la aplicación efectiva del Pacto sobre Migración y Asilo, previsto a partir de junio de 2026.

En su caso, el informe anual sobre asilo y migración de la UE del plazo entre julio de 2024 y el pasado junio, identifica un descenso del 35% en los cruces ilegales de fronteras entre países, debido también a una mayor cooperación con los países socios.

En cambio, resalta que persisten varios retos como la presión continua de las llegadas irregulares y los movimientos no autorizados dentro de la UE, la acogida de refugiados procedentes de Ucrania, la utilización como arma de la migración por parte de Rusia y Bielorrusia en las fronteras exteriores y la cooperación en materia de retorno y readmisión.

También, el informe de 2024-2025 asegura que los Estados miembros “siguen avanzando” en la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo, a fin de garantizar que sus sistemas nacionales estén listos para junio de 2026. Sin embargo, existe una “necesidad general” de acelerar el ritmo de las reformas.

Sobre la base de la información y los datos del informe europeo anual sobre asilo y migración, la Comisión Europea considera que los Estados miembros se enfrentan a dispares situaciones y presiones migratorias. En concreto, Grecia y Chipre se encuentran bajo presión migratoria debido al nivel desproporcionado de llegadas durante el último año. España e Italia también se encuentran bajo presión migratoria debido a un número desproporcionado de llegadas tras las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar en el mismo período.

Por lo tanto, estos cuatro Estados miembros podrán acceder al contingente de solidaridad, el instrumento de solidaridad de la UE para los países miembros sometidos a presión migratoria, cuando el Pacto entre en vigor a mediados de 2026.

Sin embargo, Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia y Finlandia “corren el riesgo” de sufrir presión migratoria, ya sea debido al elevado número de llegadas en el año anterior, a las tensiones actuales en sus sistemas de acogida o a la amenaza de instrumentalización de la migración, que podría crear obligaciones “desproporcionadas” en el próximo año.

La Comisión Europea señaló que, para preservar el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, el Pacto garantizará que los Estados miembros que contribuyan al contingente de solidaridad no estén obligados a cumplir sus compromisos de solidaridad con un país miembro sometido a presión migratoria, si la Comisión detecta deficiencias sistémicas en dicho Estado miembro con respecto a las nuevas normas de responsabilidad. La Comisión evaluará esta situación en julio de 2026 y de nuevo en octubre de 2026.

Por otro lado, la Comisión Europea también propuso la creación del primer contingente de solidaridad para abordar las necesidades de los Estados miembros sometidos a presión migratoria, aunque debido a las normas del Pacto, esta propuesta no es pública.