Según los informes de la Guardia Civil, Sánchez Manzanares recibía instrucciones de Koldo García y mantuvo tuvo contacto directo con Víctor de Aldama. En su declaración como testigo dijo que durante los primeros días del estado de alarma trataba con todo el mundo, porque la situación era un “caos”.

El exalto cargo relató que durante el estado de alarma “no se nos dice que contratemos ocho millones [de mascarillas] y busquemos un proveedor, nos dicen que han conseguido uno”, que era Soluciones de Gestión.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió a Sánchez Manzanares que detallara la cronología del proceso de contratación con Puertos del Estado ya que recibió una orden inicial de comprar cuatro millones de mascarillas y media hora después esa cantidad se dobló hasta los ocho millones.

El responsable de Puertos traslada el encargo por cuatro millones de mascarillas a Víctor de Aldama, y poco después recibe la contraorden aumentar el pedido, por lo que entiende “que lo que ellos tenían preparado eran ocho millones”. "Poco después nos dicen que quieren entrar otros cinco millones por orden del Ministerio y les dije que buscaran a otro organismo público”. Tras la negativa, ese segundo contrato lo suscribió Adif.

El exsecretario general de Puertos del Estado explicó también que durante el proceso de contratación le llegó una oferta más barata para la compra de mascarillas y la remitió “a todo el Ministerio", incluido Víctor de Aldama y Koldo Garcia, que era la persona que “estaba encima de las ejecuciones", aunque nunca le dio “instrucciones”.

Por su parte, Javier Sánchez Fuentefría, director de Organización del Ministerio de Transportes en la etapa en la que sucedieron los hechos investigados, admitió haber trasladado a Puertos del Estado la oferta de Soluciones de Gestión afirmando que “era la mejor” porque así se lo dijo el subsecretario de Transportes. Y reconoció que hizo esa recomendación sin conocer otras propuestas.

La última testigo citada este miércoles es Belén Villar, a propuesta por la defensa de Koldo García. Ella fue la responsable del informe de auditoría que Transportes hizo sobre los contratos de mascarillas que se juzgan ahora.

Según la defensa de Koldo, ese informe fue “manipulado y sesgado” porque se omitió un documento donde se establecía que cuatro millones de mascarillas eran suministro suficiente para 15 días y ocho millones cubrirían un mes completo, lo que sería justificación para la modificación de la orden de compra.

La testigo confirmó que recibió una orden del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, para elaborar una auditoría, y se designó a dos inspectoras de servicio para su realización. Ambas se eligieron de manera "independiente" y se les preguntó qué información necesitaban para realizar su análisis. Villar insistió en todo momento en que las conclusiones de este informe dependían de los técnicos, que actuaron con total autonomía.