El lobby turístico presentó en rueda de prensa un informe que ha elaborado sobre el impacto de los ‘pisos turísticos’ en seis ciudades españolas, las cinco más grandes en población y San Sebastián.

El estudio viene a confirmar las principales quejas del sector turístico tradicional contra la nueva competencia que les ha surgido en la última década con estos negocios, capitalizados sobre todo por las grandes plataformas como AirBnB.

Es un negocio que tenía 346.000 plazas en 2020 en las 20 principales ciudades turísticas de España, y que hoy tiene cerca de 788.000. Si la pandemia se llevó por delante 113.000 plazas, en el último año se ha notado un resurgir de los ‘pisos turísticos’ y ya han vuelto a abrir 74.000 de los que bajaron la persiana por la covid.

Aparte del empleo de mala calidad que crean, a juicio de Exceltur, o los problemas de ruidos que causan a los vecinos de los barrios céntricos en los que se asientan, el lobby turístico se queja de que estos negocios no tributan como deberían y se saltan la legislación que han aprobado estos años los ayuntamientos y las comunidades autónomas para frenar su expansión y sus actuaciones cuando son ilegales, según señaló el presidente de la alianza y consejero delegado de la cadena hotelera Meliá, Gabriel Escarrer.

POR DECRETO

Por eso, lo que pide el lobby turístico, según explicó su director de Estudios, Óscar Perelli, es en primer lugar un decreto ley que defina la vivienda de uso turístico, con la regulación de un régimen jurídico y un contrato de alojamiento similar al que tienen los hoteles.

Exceltur también reclama una norma de alcance nacional que regule las relaciones entre las grandes plataformas digitales y los propietarios, que fije claramente las obligaciones de información y transparencia de las viviendas que se ‘cuelgan’ para alquiler y no esquiven el control de las Administraciones.

Exceltur demanda también al Ejecutivo de Pedro Sánchez una regulación nacional que dé mayor papel a las comunidades de vecinos en sus autorizaciones por junta para la apertura de una vivienda de uso turístico en sus inmuebles.

El lobby que preside Gabriel Escarrer había propuesto que se regularan algunos de estos aspectos que plantea sobre la actividad de casa turísticas no residenciales a través de una enmienda en la Ley de Vivienda, actualmente en trámite parlamentario, pero ya lo descarta porque cree que urge ya el marco normativo que piden, y la entrada en vigor de la ley se demora por las dificultades en el debate entre los grupos políticos.

Exceltur cree que la regulación nacional podría ir más por la vía mercantil, en la condición de servicio de estos negocios más que como espacio de vivienda, que sí tiene más encaje en la Ley de Vivienda.

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, afirmó que han planteado estas reivindicaciones recientemente a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y se ha mostrado “muy receptiva”.

“Entiende el problema, pero nos ha dicho que es un tema a tratar de manera transversal en el Gobierno. A ver si dura como ministra, y las promesas se pueden llevar a término”, agregó Zoreda. "Esto no va de invadir competencias de las comunidades ni abogamos por poner puertas al campo con prohibiciones irreales sobre la existencia de las viviendas de uso turístico, pero éstas tienen que cumplir la normativa como cualquier hijo de vecino".