Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, reconoció que el caso es complejo por haberse producido los hechos en un entorno íntimo en el que no habría testigos y por el borrado de los correos electrónicos enviados por la víctima a la dirección del PP de Madrid denunciando los hechos.

El objetivo de la representación de la exconcejala es demostrar, en primer lugar, el acoso sexual y la existencia de “un patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad” por parte del alcalde ante la negativa a sus pretensiones.

En esos mensajes, explica su defensa, la concejala denunciaba haber sufrido acoso sexual por parte de Bautista, que se convirtió en acoso laboral tras su negativa a ceder a las pretensiones del alcalde. Remitió su denuncia a la cúpula del PP de Madrid, incluida su presidenta, Isael Díaz Ayuso, que nunca respondió a sus quejas.

Mantuvo, sin embargo, tres reuniones con dirigentes populares regionales. En concreto, mantuvo encuentros con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y con la responsable de Organización, Ana Millán, que según las grabaciones existentes de la reunió llegó a amenazarla con llevarla a los tribunales por pasar supuestamente información al PSOE.

El PP dijo haber realizado una investigación, pero no abrió ningún expediente y tampoco convocó a su Comité de Derechos y Garantías. Por eso acabó recurriendo a la dirección nacional, que le pidió información por correo electrónico y cerró el caso sin llamarla a declarar, mientras que el alcalde sí fue entrevistado.