El exjefe de la Policía se enfrenta una petición de 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación por parte de la Fiscalía que le considera el ideólogo de la ‘operación Kitchen’. Pino, ya jubilado, defendió que fue una operativo legal.

Pino solo respondió a las preguntas de su abogado, tal y como hicieron la pasada semana el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. En su comparecencia relató que ya se hacían operaciones de Inteligencia antes de ser nombrado DAO de la policía y que todas ellas se realizaban a petición de la unidad correspondiente, incluido el CNI.

Al llegar a la máxima responsabilidad de la Policía, dijo, Villarejo ya trabajaba como agente libre, se encargaba de la captación y manejo de fuentes. Añadió que fue el comisario Andrés Gómez Gordo quien le informó de que se estaba contactando a un chófer para captarlo como colaborador. Esa información se trató en una reunión con Gómez Gordo y el Director general de la Policía, quien ordenó que Villarejo se encargara del asunto.

El exDAO aprobó el pago de 2.000 euros al mes procedentes de los fondos reservados para pagar al chófer de la familia Bárcelas, Sergio Rios, por su tareas como confidente porque así se lo solicitó Villarejo.

Sin embargo, Pino dijo desconocer que se estuvieran haciendo seguimientos a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y negó haber hecho gestión alguna para que Sergio Rios entrara en la Policía, una de las compensaciones que se sospecha que se pudo ofrecer al conductor.

FERNÁNDEZ DÍAZ

En la anterior sesión de este juicio se produjeron las declaraciones de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. Ambos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy incurrieron en contradicciones y negaron haber dado órdenes para la puesta en marcha del operativo, que negaron hasta que saltó a los medios de comunicación.

Los dos exresponsables de Interior protagonizaron episodios de enfrentamiento a lo largo de la instrucción de la causa, pero su declaración durante la vista ambos se desvincularon del caso y se abstuvieron de realizarse acusaciones mutuas.

Fernández Díaz dijo no haber tenido constancia del espionaje a Bárcenas hasta que apareció en los medios de comunicación, negó haber dado ninguna orden para captar información comprometedora para el Partido Popular y dijo que nadie del partido le transmitió "inquietud" alguna por esa operación.

Por su parte, el exsecretario de Estado negó también haber dado órdenes relacionadas con el espionaje a Bárcenas, y que el ministro le hubiera trasladado “preocupación” alguna por las grabaciones realizadas al entonces líder del PP y presidente del Gobierno Mariano Rajoy.